Milei ordenó que no se aplique la Ley de Emergencia en discapacidad

La periodista Natalia Salvo analizó en su habitual columna en Caballero de día el decreto que el Gobierno promulgó pero suspendió su ejecución, y advirtió que la maniobra podría ser considerada nula de manera absoluta por violar la Constitución.

Salvo explicó que el Ejecutivo promulgó la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad, pero al mismo tiempo dictó un artículo que frena su aplicación “hasta tanto se determinen las fuentes de financiamiento y se incorporen al Presupuesto Nacional”. Según la columnista, se trata de una contradicción jurídica: “el presidente puede vetar, pero si el Congreso insiste con mayoría calificada, como sucedió, debe promulgarla y garantizar su cumplimiento. Suspenderla por decreto es un exceso que constitucionalistas califican de nulidad absoluta”.

La periodista recordó que el principio de obligatoriedad de las leyes rige desde su publicación en el Boletín Oficial y que la Constitución no permite condicionar su entrada en vigencia. “El Ejecutivo se apoya en una norma anterior que exige financiamiento expreso, pero la ley nueva —la emergencia en discapacidad— deroga esa limitación para asegurar derechos fundamentales”, explicó.

En ese marco, destacó que el diputado Eduardo Toniolli Paulón amplió una denuncia en Comodoro Py contra el Gobierno, argumentando incumplimiento de deberes de funcionario público y solicitando la apertura de un proceso de juicio político al presidente Javier Milei. “El jefe de Gabinete es quien debe reasignar partidas para cumplir la ley, y no lo hizo”, apuntó Salvo.

La columnista también marcó la contradicción de que, mientras se posterga la aplicación de la norma, el Ejecutivo habilitó $121.000 millones para actualizar pagos en la Agencia Nacional de Discapacidad, cifra que consideró insuficiente, y al mismo tiempo destinó en pocos días 1.100 millones de dólares para intervenir en el mercado cambiario.

“Estamos ante la obscenidad de un gobierno que tiene recursos para la bicicleta financiera, pero no para garantizar derechos básicos de las personas con discapacidad”, concluyó Salvo.