Marco jurídico para las reformas anunciadas por Milei

La abogada laboralista Natalia Salvo analizó en Caballero de Día el trasfondo jurídico de las reformas anunciadas por el presidente Javier Milei durante la apertura de sesiones. Bajo el eje de un “nuevo marco jurídico” para la Argentina, advirtió que los dichos del mandatario no fueron exabruptos aislados sino la antesala de modificaciones estructurales que podrían impactar sobre derechos consagrados constitucionalmente.

En primer lugar, Salvo cuestionó la descalificación de la justicia social, a la que Milei volvió a tildar de “robo”. Recordó que se trata de un principio con jerarquía constitucional, consagrado en el artículo 75 de la Constitución Nacional, que obliga al Congreso a legislar bajo el criterio de progresividad de derechos. “Progresividad es para adelante: más derechos. Y si no se puede avanzar, el estándar mínimo es la irregresividad”, explicó, citando la doctrina de la Corte Interamericana. En esa línea, subrayó que la justicia social no sólo ampara a trabajadores y trabajadoras, sino también a sectores vulnerables como la ancianidad y las mujeres, frente a desigualdades estructurales que el liberalismo desconoce.

Más adelante, puso el foco en el Decreto 70/2023, que desreguló el sistema de medicina prepaga y dejó a los usuarios expuestos a aumentos constantes. Vinculó esa decisión con una eventual ofensiva contra el Código Civil y Comercial de la Nación, sancionado en 2015, al que Milei también cuestionó. “No tengo dudas de que van a ir por su reforma y probablemente también por la ley de defensa del consumidor 24.240”, anticipó, al tiempo que recordó que los derechos de consumidores y usuarios tienen rango constitucional desde la reforma de 1994.

Finalmente, Salvo analizó la cautelar presentada por el sindicato de trabajadores judiciales ante la disolución del Fuero Nacional del Trabajo y criticó que el juez se declarara incompetente, derivando la cuestión al fuero contencioso-administrativo. Para la letrada, no se trató de un tecnicismo sino de una decisión política: “Cuando no se quiere ni aceptar la competencia, se busca pasar la cuestión a otro tribunal”. Y cerró con una advertencia que dialogó con el editorial del programa: el derecho “es un punto de llegada”, pero hoy su interpretación está monopolizada por un Poder Judicial que —según sostuvo— “no está a la altura de las circunstancias” para defender los derechos sociales frente al avance de las reformas.