«Los fondos de los jubilados van a subsidiar actos ilícitos de las empresas»

El abogado laboralista Gustavo Ciampa habló con Caballero de Día acerca de los alcances del proyecto de reforma laboral, cuestionó la reducción de indemnizaciones y advirtió que el nuevo Fondo de Asistencia Laboral podría financiarse con recursos previsionales.

Al inicio de la entrevista, Ciampa sostuvo que el proyecto de reforma laboral implica “una degradación general de derechos” y advirtió que el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) se nutriría de recursos que hoy integran el sistema previsional.

“Los jubilados, a quienes les dicen que no hay plata para aumentarles, ahora van a ver que una parte de esos fondos se destina a pagar indemnizaciones por despido. Los fondos de los jubilados van a subsidiar actos ilícitos de las empresas”, afirmó.

Según explicó, el despido sin causa constituye un acto ilícito en términos jurídicos y la indemnización funciona como reparación. “Si ese costo lo cubre un fondo financiado con recursos que hoy van a la seguridad social, se está trasladando el peso del despido a toda la sociedad”, planteó.

Ciampa también alertó sobre la administración del FAL por parte de sociedades comerciales con fines de lucro y lo comparó con el esquema de las AFJP de los años noventa. “Es un negocio para pocos. Puede representar hasta el 3% de la masa salarial del país”, indicó.

En otro tramo, el abogado rechazó la idea de que la reforma solo afectará a futuros trabajadores. “Si la ley no establece expresamente que rige para quienes ingresen después de su vigencia, se aplica de inmediato. Quien tenga 10 o 15 años de antigüedad y sea despedido luego de sancionada la ley cobrará la indemnización reducida”, señaló.

Además, cuestionó la posibilidad de ampliar la jornada laboral hasta 12 horas mediante acuerdos individuales sin pago de horas extras. “No hay verdadera libertad de negociación cuando el trabajador depende de su salario para vivir. Si el empleador impone nuevas condiciones, es muy difícil decir que no”, afirmó.

En ese sentido, consideró que el proyecto implica un retroceso respecto de principios consagrados desde 1919 por la Organización Internacional del Trabajo, como la jornada de ocho horas diarias. “Lo llaman modernización, pero es una regresión histórica”, sostuvo.

El especialista también advirtió sobre cambios en el régimen de enfermedades inculpables, que podrían reducir hasta en un 50% el salario durante licencias médicas, y señaló que ello podría incentivar a trabajadores a presentarse enfermos para no perder ingresos.

Por último, cuestionó la eliminación de la ultraactividad de los convenios colectivos —es decir, su vigencia más allá del plazo formal— y explicó que, de aprobarse, “se caerían salarios, adicionales y derechos pactados”, debilitando la posición sindical en futuras negociaciones.

“Es una reforma patronal en favor de las grandes empresas. También perjudica a las pymes y debilita a las organizaciones sindicales. No hay optimismo posible en el contenido del proyecto, aunque sí habrá herramientas para impugnarlo en sede judicial si se convierte en ley”, concluyó.