Ley Pablo Escobar para fondos en negro

La columna de Rulo Dellatorre

En su habitual columna en el programa Siempre es Hoy, el periodista económico Raúl Dellatorre analizó los riesgos del nuevo esquema de blanqueo de capitales impulsado por el Gobierno. Lo hizo a partir de un dato inquietante: la legalización de fondos de origen desconocido —o incluso criminal— podría avanzar sin una ley aprobada por el Congreso, sino a través de simples resoluciones administrativas.

El disparador fue una advertencia contundente del senador formoseño José Mayans durante una sesión en la Cámara Alta. “¿Vamos a permitir un blanqueo para dinero proveniente del sicariato o del narcotráfico?”, lanzó el legislador, encendiendo alarmas sobre lo que denominó como “Ley Pablo Escobar”.

Según explicó Dellatorre, lo que está en marcha no es una ley de blanqueo clásica, como las que requerían aprobación parlamentaria, sino una serie de medidas fragmentadas. “No va a salir por Ley. Va a salir por comunicados, resoluciones de ARCA, del Banco Central, de la Unidad de Información Financiera (UIF), porque toca a varios organismos”, detalló.

La mecánica que se busca imponer es simple, aunque peligrosa: quien quiera exteriorizar dólares en efectivo deberá presentar una declaración jurada afirmando que esos fondos no provienen de actividades ilícitas. Y con eso bastará. “La batería de desregulaciones consistiría en eso: confiar en la buena fe del declarante. Con una firma, el dinero pasa a ser legal”, advirtió Dellatorre.

El problema, subrayó, no es solo técnico o formal, sino profundamente político e institucional. ARCA debería estar obligada a investigar el origen de esos fondos. Pero al no haber una ley de blanqueo sancionada, no existe un marco jurídico que ampare ni a los interesados ni a los funcionarios involucrados. “Los abogados no lo van a recomendar: no hay Ley que respalde estas operaciones”, dijo Dellatorre. “El conflicto es el siguiente: ¿van a quedar con los dedos pegados o no?”

Además, el periodista reveló que durante los últimos días hubo una carrera contra reloj para adaptar normativas locales a los estándares exigidos por el GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), el organismo internacional que lucha contra el lavado de activos. “Se trató de adecuar toda la documentación para que el GAFI no les quite la cabeza”, ironizó.

El trasfondo, una vez más, es la obsesión por atraer dólares “como sea” para poder pagar los millonarios préstamos al Fondo Monetario Internacional (FMI), incluso a costa de abrirle la puerta al dinero sucio.

Como advierte el propio Dellatorre, más que un blanqueo, se trata de un nuevo acto de impunidad institucionalizada. O, como lo bautizó Mayans en su intervención parlamentaria, una ley hecha “a la medida de Pablo Escobar”.