Ley de Financiamiento Universitario: Jueces argentinos se pronunciaron en contra de quienes convalidaron el veto

Los magistrados y magistradas que integran el Capítulo Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU) manifestaron su malestar por la conducta política de los diputados y diputadas que ratificaron el veto presidencial.

Este jueves 10 de octubre, magistrados/as de todo el país, reunidos en el Capítulo Argentina del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (COPAJU) reiteraron su “preocupación y malestar ante la conducta política y social de las/os diputadas/os nacionales que, con su voto negativo, con su abstención o con la no concurrencia al recinto legislativo convalidaron la amenaza de desfinanciamiento de la educación universitaria estatal”.

A través de un comunicado oficial, la entidad que fue creada bajo la inspiración de las palabras del Papa Francisco, advirtió sobre la “catástrofe educativa” que podría causar la falta de recursos para la educación universitaria, ratificando la postura que habían manifestado en su declaración del pasado 2 de octubre, cuando pidieron al presidente de la Nación que promulgara la Ley de Financiamiento Universitario y exhortaron al Congreso a no convalidar un veto.

Para los y las integrantes del COPAJU, la decisión tomada esta semana por la Cámara de Diputados “tendrá consecuencias directas sobre el nivel educativo, y sobre estudiantes, docentes y no docentes, además de impactar negativamente en la movilidad social ascendente, que ha sido una de las características esenciales del acceso a la universidad estatal en nuestro país”.

Luego de un extenso debate en sesión especial, la convalidación del veto a la Ley Nº27.757 de Financiamiento Universitario, obtuvo 160 positivos, 85 negativos y 5 abstenciones. La normativa pretendía establecer una recomposición de salarios desde diciembre 2023 hasta diciembre de 2024, de forma mensual de acuerdo a la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Un proyecto con una mirada federal

El Capítulo Argentina del COPAJU está encabezado por César Raúl Jiménez, juez en lo Correccional y de Menores de Posadas, Misiones. Lo acompañan el vicecoordinador Roberto Carlos Pompa, juez de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo; el secretario Maximiliano Francisco Benítez, defensor general de la provincia de Entre Ríos; y las y los vocales María Alejandra Villasur García, jueza de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA); Mariana Beatriz Pucciarello, defensora ante la Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de CABA; Rómulo Rubén Abregú, asesor de incapaces de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires; y Gustavo Daniel Moreno, asesor tutelar ante la Cámara de Apelaciones del fuero Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de CABA.

Para el proyecto del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana, a través del veto a la Ley de Financiamiento Universitario, se está vulnerando un derecho esencial, como lo es la educación, afectando a las Casas de Altos Estudios de todo el país: “Se priorizó la visión economicista del gasto público, relegando la inversión presupuestaria en el sistema educativo universitario, lo que traerá consecuencias perjudiciales en un contexto social económicamente incierto, con índices desfavorables de pobreza”, finalizaron.