Extorsión y curro a mano armada: ¿Qué busca Bullrich a fuerza de decretazos?

Por María Quintero

¿Qué hay detrás del decreto firmado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sobre la reforma de la Policía Federal? Antes que nada, es preciso advertir que ratifica la vulneración y amenaza a los derechos y garantías de las y los argentinos. Sin embargo, suma algo de provocación debido a que esta vulneración de derechos no es realmente lo “novedoso”: lo que hizo Patricia Bullrich fue meter dentro de la orgánica de la Policía Federal tareas y vulneraciones de derechos que ya funcionaban por fuera. Por ejemplo, la Unidad de inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad, que ya había creado Bullrich por resolución 710/24 en julio del año pasado, habilitaba el patrullaje en redes sociales abiertas. Las requisas estaban ya indicadas en el Código Procesal Penal.

Por otro lado, este decreto se publica en un contexto particular, que atraviesa tanto al Ministerio de Seguridad como al interior de las Fuerzas de Seguridad y a la propia Patricia Bullrich. La “Señora Violencia” – como la llamó Cristina Fernández de Kirchner el viernes pasado, tras encontrarse con vallas y policías en la puerta de su casa – lleva delante una estrategia de abuso en el accionar policial, en un marco de crisis y descontento en todas las Fuerzas de Seguridad.

En efecto, existe un malestar generalizado en las fuerzas federales en general, y en la Policía Federal en particular, como consecuencia de la explotación, la degradación y los sueldos de miseria que perciben, según confiaron fuentes de la institución. Es una bronca que esta reforma agrava no solo por las tareas que continuamente le agregan a los efectivos, sino también por la falta de participación de representantes de la fuerza de seguridad en el diseño y puesta en marcha de un cambio del que ni siquiera estaban informados. Un ejemplo: el decreto de Bullrich no resuelve temas que son históricos reclamos, como la federalización de las tares, una situación que hoy se encuentra concentrada en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 

Más allá de las reacciones puertas adentro de la Policía Federal, es fundamental entender que la ministra ha conseguido la firma de un cheque en blanco que le deja abierta la posibilidad de impulsar profundos cambios en las carreras profesionales de los policías, como el plan de eliminar el escalafón de suboficiales. En un gobierno que se vanagloria de activar motosierras en los presupuestos de salud y educación, los recursos para la modernización de la Policía Federal seguramente saldrán de limitar al máximo los ingresos de efectivos, especialmente de suboficiales, al punto de eliminar ese escalafón.

El cuestionado decreto de Bullrich también contiene ambigüedad en las atribuciones que se le da al Ministerio de Seguridad, por ejemplo, qué se interpreta realmente como una investigación y tareas de inteligencia criminal.

Según las fuentes consultadas, el decreto fue interpretado dentro de las fuerzas casi como una herramienta de extorsión de la propia Bullrich para la Policía Federal, en respuesta a la situación tensa y de disconformidad anteriormente descripta. Tan grande es el descontento que causó el decreto que apenas se conoció, comenzaron a circular memes ironizando la reforma entre los miembros de la fuerza.

En la Policía Federal, por ejemplo, el inocultable malestar es producto de los bajos salarios (un agente percibe 800.000 pesos y un suboficial $1.300.000, con el último aumento mayo) y por los atrasos que tiene el Ministerio de Seguridad en el pago de los adicionales. Además, hay una gran parte de la fuerza que está disconforme con las tareas que realiza: eso incluye que todos los miércoles, tanto la Policía Federal como la Infantería, sean llevados a reprimir jubilados, además de cumplir tareas que nos les corresponde, entre ellas estar parados como vallado humano frente al domicilio de la expresidenta Cristina Fernández.

Es una obviedad señalar que, si bien hay algunos que disfrutan con la represión, hay muchos otros efectivos a los que les parece un accionar indignante. Además, aseguran las fuentes consultadas, consideran que el rol que les asignó Bullrich es degradante, porque es un trabajo que no le corresponde a las fuerzas federales, sino a la Policía de la Ciudad.

Cuestión de fondo

En el decreto, además, hay un tema clave que está relacionado con el presupuesto destinado al Ministerio de Seguridad, por el cual la “Señora Violencia” está desesperada por manejar a gusto y placer. Recordemos que según una investigación de la revista Contradeditorial, Bullrich lleva gastados más 56 mil millones de pesos en armas, municiones, gases lacrimógenos, equipos antidisturbios y vehículos. Y la cuenta sigue creciendo, seguramente.

Consultada para este informe, Sabina Frederic, exministra de Seguridad entre 2019 y 2021, sostiene que Bullrich utilizó el instrumento de un decreto para que la autorizaran a declarar la emergencia de la Policía Federal Argentina y, de esta manera, estar habilitada a realizar compras sin seguir las regulaciones de contratación del Estado.

Recordemos que Bullrich intentó aplicar esta maniobra cuando quiso declarar la emergencia en la provincia de Santa fe, algo que en ese momento no logró. 

En este complejo contexto, Frederic recuerda que Bullrich recibió una serie de observaciones de parte de la Auditoría General de la Nación sobre lo que dejó la propia exfuncionaria cuando asumió como Ministra de Seguridad. 

Al asumir sus funciones, Frederic se encontró que Bullrich – durante el gobierno de Mauricio Macri – había hecho compras millonarias en dólares de equipamiento de uso militar del que no podían hacer uso las fuerzas civiles federales, como el caso de los aviones matriculados o las lanchas artilleras, que no estaban adecuados a las necesidades operativas ni al ambiente personal, que es el que define el trabajo de las fuerzas. 

En definitiva, a fuerza de decretazo Bullrich busca que le liberen la emergencia de la Federal para disponer del presupuesto para gastar gusto y placer y, al mismo tiempo, consigue un cheque en blanco en lo referido a las atribuciones del Ministerio de Seguridad que conduce. Como si esto fuera poco, usa el decreto como una forma de conducir a las fuerzas de seguridad mediante la extorsión a la Policía Federal, en particular, pero como amenaza para el resto, y lo hace en un contexto en el que crece el malestar por los bajos salarios, el incremento de tareas, la enorme deuda en el pago de los adicionales y la degradación de las tareas.