El oscuro escándalo de Transener que vas a pagar vos

En su columna de Energía en Un buen comienzo, Nuria Mendizábal advirtió sobre el impacto de los aumentos tarifarios y cuestionó la privatización de Transener, la principal transportista de alta tensión del país, al señalar que la operación implica una transferencia de recursos hacia grupos empresarios vinculados al oficialismo.

Mendizábal explicó que los incrementos en las tarifas de electricidad y gas se producen mientras los servicios públicos ya representan una porción significativa del gasto de los hogares y sostuvo que la política energética del Gobierno genera mayores costos de abastecimiento y, al mismo tiempo, garantiza ingresos crecientes para las empresas privadas. En ese marco, cuestionó el argumento oficial que atribuye el endeudamiento de las familias a una supuesta falta de «educación financiera» y consideró que se trata de una forma de presentar problemas sociales como responsabilidades individuales.

Respecto de Transener, señaló que el Estado puso en venta su participación del 26,32% en la compañía y cuestionó el proceso de licitación, durante el cual se registraron problemas en el sistema electrónico al momento de la presentación de las ofertas. Según explicó, el control quedó en manos de los hermanos Neuss, asociados con Edison Energía y Genneia, vinculada a Jorge Brito, por unos 356 millones de dólares. Mendizábal remarcó además que, poco después de concretarse la operación, el nuevo directorio aprobó la distribución de unos 254.000 millones de pesos entre los accionistas, monto equivalente a cerca de dos tercios del valor pagado por la compañía.

Para la especialista, el caso debe analizarse como parte de un proceso más amplio de concentración del sector energético, en el que grupos empresarios avanzan sobre activos estratégicos mientras reciben beneficios derivados de los aumentos tarifarios. «No estamos hablando de casos sueltos y aislados», sostuvo, y planteó que se trata de una política de transferencia de recursos que está construyendo nuevos actores de poder económico con los que, en el futuro, el Estado deberá negociar para recuperar el control de empresas estratégicas como Transener.