Horacio Verbitsky: Cajas Chinas – El Cohete a la Luna

“Los liberales argentinos son amantes platónicos de una deidad que no han visto ni conocen. Ser libre para ellos no consiste en gobernarse a sí mismos, sino en gobernar a los otros. La posesión del gobierno: he ahí toda su libertad. El monopolio del gobierno: he ahí todo su liberalismo. (…) El liberalismo, como hábito de respetar el disentimiento de los otros ejercido en nuestra contra, es cosa que no cabe en la cabeza de un liberal argentino. El disidente, es enemigo; la disidencia de opinión es guerra, hostilidad, que autoriza la represión y la muerte”. Esta puede ser la mejor calificación del gobierno del Presidente Javier Milei. Su autor es Juan Bautista Alberdi, consta en sus escritos póstumos y fue citada esta semana por el juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Alejandro Slokar.

Las decisiones adoptadas por el gobierno que hoy cumple tres semanas, coinciden al detalle con la descripción escrita hace catorce décadas por el inspirador de la Constitución Nacional. Hace apenas un mes, Enrique Hidalgo explicó en El Cohete la tergiversación de las ideas de Alberdi que practican los libertarios para atribuirle un programa que no suscribiría.

Milei se apoderó del título del escrito más famoso del tucumano para el decreto ómnibus firmado el 20 de diciembre (“Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”) y también para el proyecto de ley enviado al Congreso el 27 (“Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”). Ante la resistencia expresada en cuanto se conoció el DNU, en las disposiciones finales de la Ley Ómnibus, dispuso: “Ratifícase el decreto de necesidad y urgencia N° 70/2023”. Un insólito juego de cajas chinas, donde al final aparece el diablo.

El Poder Ejecutivo intentó fundamentar tanto el decreto cuanto la ley en la Constitución Nacional. Pero no pasó de la tentativa.

Los considerandos del decreto mencionan dos artículos de esa Constitución:

• El 76, que “prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca”, y
• el 99, sobre atribuciones del Presidente de la Nación. Dice su inciso 3 que “el Poder Ejecutivo no podrá en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable, emitir disposiciones de carácter legislativo”. Pero siempre hay un pero: ante circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes, “podrá dictar decretos por razones de necesidad y urgencia”, siempre que “no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o de régimen de los partidos políticos”. La simultánea convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso desmiente la imposibilidad de seguir los trámites ordinarios.

Lo imposible parecería conseguir los votos necesarios para la aprobación de sus más de 600 artículos. Pero conveniencia no es lo mismo que necesidad. La principal esperanza del gobierno está puesta en el nuevo bloque que preside Miguel Pichetto, quien igual que en 2015 está dispuesto a convertirse en el principal dador de gobernabilidad. Ahora ya no como desertor del justicialismo, sino al frente de un bloque que suma astillas de Juntos por el Cambio, la Coalición Cívica y Hacemos por Córdoba. Casta al 120%.

El artículo 1° del proyecto de ley propone “delegaciones legislativas al Poder Ejecutivo nacional de emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, social, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria y social, con especificación de las bases que habilitan cada materia comprendida y con vigencia durante el plazo específicamente previsto”. Pero el articulado que le sigue no fundamenta las razones de la emergencia, más allá de la reiteración de diatribas genéricas contra el gobierno anterior, fuente de toda irracionalidad e injusticia, con cifras de comprobación imposible. Tampoco explica de qué modo lo dispuesto contribuiría al declarado propósito de “promover la iniciativa privada, así como el desarrollo de la industria y del comercio, mediante un régimen jurídico que asegure los beneficios de la libertad para todos los habitantes de la Nación y limite toda intervención estatal que no sea la necesaria para velar por los derechos constitucionales”.

¿Beneficios?

Esos derechos son precisamente los afectados por disposiciones que abarcan todos los rubros habidos y por haber y que, junto con decisiones previas del ministro de Economía Luis Caputo y disposiciones del proyecto de ley, conspiran en forma directa contra el desarrollo de la industria y del comercio. Ni el lenguaraz Manuel Adorni, de larga relación prebendaria con el Estado, podría explicar qué beneficio de la libertad obtendrían

• los hinchas y los socios de Boca, Racing, Newell’s, Estudiantes, Banfield o Lanús, si dejaran de ser clubes sociales y pasaran a integrar la cartera de inversiones de Todd Bohely, el nabab estadounidense que ya compró el Chelsea de Inglaterra, cuando el gobierno británico amenazó con sanciones a su anterior propietario, el oligarca ruso Roman Abramovich, en represalia por la guerra con Ucrania.

• En qué convendría a la sociedad el remate de empresas rentables como YPF, prestadoras de un decisivo servicio social, como Aerolíneas Argentinas, o de avanzada tecnológica, como ARSAT o Nucleoeléctrica. Salvo que se refiera a la libertad de viajar en micro entre localidades del interior que no serían rentables para una línea aérea de propiedad privada.
• Cómo favorecen a la industria las retenciones del 15%.
• Qué ventajas entraña la renuncia a la zona económica exclusiva de 200 millas en el mar que dejaría de ser argentino, para que cualquiera pesque sin control.
• A quién le sirve que YPF ya no tenga como principal finalidad lograr el autoabastecimiento de hidrocarburos.
• Qué utilidad social tendrá la disolución de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos.
• Cuál es la lógica de la prédica de Guillermo Francos ante los empresarios del programa ProPymes de Techint: “Como ha dicho el Presidente varias veces, la obligación de ustedes es hacerse ricos, porque generar riqueza es lo que genera trabajo y la posibilidad de desarrollarse como sociedad”. Consultar con Estados Unidos donde se concentra la mayor cantidad de ricos del mundo y la expectativa de vida de la población no para de disminuir.
• A quién aprovechará que los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad de la ANSES sean transferidos al Tesoro. El gobierno deja trascender, pero no lo pone en ningún lado por escrito, que no piensa entregarle a Clarín, Techint o BlackRock las acciones de sus empresas que posee ese Fondo.
• La libertad de quién robustece la rebaja gradual hasta su desaparición del impuesto a los bienes personales, mientras un millón de trabajadores volverán a recibir el descuento en sus sueldos del impuesto a las ganancias.
• Las pymes comerciales que deberán pagar a las tarjetas comisiones más altas que las que paguen sus competidores más poderosos.
• En qué aumentan la libertad la desaparición del Fondo Nacional de la Artes y la Ley del Teatro.
• A quién le agrada que cualquier renegociación de la deuda externa no requiera la aprobación del Congreso.

Además, el plazo fijado para el ejercicio presidencial de las atribuciones legislativas cubre todo el mandato de Milei: el proyecto de ley lo fija hasta el 31 de diciembre de 2025, pero agrega que podrá ser extendido otros dos años por el Presidente, sin una nueva intervención del Congreso. Daría lo mismo si hubiera eliminado de la Constitución el artículo 29, que castiga como traidores a la patria a quienes consientan la suma del poder público a una persona.

Como si esto fuera poco, el viernes Federico Sturzenegger anunció que la semana próxima se enviará al Congreso otro proyecto de ley, que derogaría 160 regulaciones. Explicó que más allá de cada norma, lo que se procura es desafiar al establishment político.

La respuesta más contundente hasta ahora ha sido sindical. La CGT llenó como nunca la enorme Plaza Lavalle, frente al edificio de los tribunales, pese a que algunos de sus dirigentes habían negociado con el gobierno que sólo movilizarían contingentes simbólicos que no pasaran de las 10.000 personas. Pero la respuesta espontánea de los afiliados, más la adhesión de la CTA y de los movimientos sociales, desbordaron ese límite y pusieron una vez más a prueba el protocolo de la Ministra de Seguridad Patio Bullrich.

En su tenaz batalla contra la lengua castellana, Bullrich volvió a clamar victoria, igual que ante la movilización de la izquierda marxista en el aniversario del 20 de diciembre de 2001. Pero esta vez no se trató de una minoría intensa sino de una multitud. Ni siquiera las fuerzas de seguridad cabían en la vereda, y un efectivo de la policía porteña que formaba un cordón demasiado cerca de la calzada, recibió en la cabeza el golpe de un colectivo que lo tiró al suelo. La gran originalidad de Bullrich es que en su desesperación por mostrar fortaleza ha desplazado a los orcos, y ahora las calles las corta directamente la policía. En orden cerrado y con una indumentaria muy apropiada para el verano porteño.

Tóxicos

Al día siguiente el Comité Central Confederal de la CGT resolvió realizar un paro activo con movilización, durante 12 horas del 24 de enero, fecha en la que comenzaría el tratamiento legislativo de los zapallazos de Milei. En las discusiones previas, se habían opuesto 6erard0 Mart1nez, Armando Cavalieri, Andrés Rodríguez y José Luis Lingeri, pero la dureza del programa oficial (que incluye hasta 50.000 despidos de trabajadores estatales y la privatización de AYSA) más la presión de otros dirigentes, los obligaron a acelerar el paso. A eso se refiere en la edición de hoy Sergio Palazzo, quien procura evitar la privatización del Banco Nación, cosa que intentaron en vano la Junta Militar con Martínez de Hoz, Menem y Cavallo y en este siglo Macrì.

El capítulo laboral de la ley es tóxico para los trabajadores (fomenta el empleo no registrado al suprimir las multas a quien lo practique, elimina la indemnización por despido, extiende el periodo de prueba a ocho meses, limita la vigencia de los convenios) pero también para los sindicatos (expone a las obras sociales a la competencia de la medicina privada, borra de un plumazo el aporte solidario de los trabajadores no afiliados), lo cual no dejó mucha opción a los dirigentes prudentes y sabios que defienden a sus organizaciones aunque los imberbes griten.

El primer paro ocurrió en el lugar menos pensado. Lo protagonizaron los dos gremios docentes de Córdoba, privados y estatales, Luz y Fuerza, los gremios de trabajadores estatales ATE y SEP, los judiciales y los municipales, contra la ley que Martín Llaryora logró que se aprobara en la Legislatura Unicameral por 34 a 33 votos, que duplica los descuentos para financiar el pago a los jubilados de la provincia donde Macrì en 2015 y Milei en 2023 se impusieron por mayor diferencia. El gobernador debió escuchar un canto irónico que lo presentaba como el verdadero pituquito de Recoleta. El segundo paro se produjo el viernes, dispuesto por la Confederación Farmacéutica Argentina, que además presentó el trigésimo amparo contra el DNU, en el que señala la combinación letal: los médicos sólo podrán recetar el principio activo genérico de la droga y no la marca comercial (lo cual no está mal), pero se deroga la exigencia de que haya un farmacéutico en el comercio que la expende.

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos denunció que en las últimas movilizaciones detectaron a una agente de inteligencia de la policía cordobesa, camuflada como periodista mientras fotografiaba a los manifestantes. La APDH exigió que se investigara a la sargento primera de la Policía de la Provincia, Claudia Susana Melián Aranibar, al jefe de Policía, Leonardo Gutiérrez, y al ministro de Seguridad de la Provincia, Juan Pablo Quinteros.

En un tono tan desafiante como el de Patio Bullrich, la policía de Córdoba y el fiscal Ernesto de Aragón (que dio la orden de reprimir la noche del cacerolazo) lejos de negar los hechos, los reivindican. La muestra más amplia la dio la ex jefa de policía, Liliana Zárate Belletti, cuando en un hábeas corpus colectivo declaró ante un juzgado de control que “en las marchas hay policías de civil cuya tarea es ir identificando personas, que las áreas de inteligencia de la policía de Córdoba (Área de Información Criminal y Antiterrorismo) realizan de manera activa inteligencia sobre organizaciones sociales y sus referentes, a los cuales ya tienen en muchos casos identificados y en otros están en proceso de identificación, a través de diversos medios tecnológicos”. Incluso, puso a disposición del juzgado todo el material recabado por las áreas de inteligencia de la policía provincial, que incluye datos personales y fotografías, es decir actividades expresamente prohibidas por la ley de inteligencia nacional.

La técnica legislativa del proyecto ómnibus es endeble. En vez de derogar y considerar sin efecto legal todas las normas, reglamentos y disposiciones que se opongan al decreto, invita a las provincias y la Capital Federal “a dictar, en el ámbito de sus respectivas competencias, las normas necesarias o convenientes para el cumplimiento de esos fines”. Las provincias y los municipios que no lo hagan, porque no están de acuerdo con las reformas planteadas, litigarán en los tribunales, como ya lo ha hecho la Federación de Municipios, que congrega a medio millar de intendencias de todo el país. Los amparos y las solicitudes de nulidad e inconstitucionalidad se han presentado en los fueros laboral y contencioso administrativo federal, y el gobierno de La Rioja impugnó el decreto directamente ante la Corte Suprema, con el patrocinio de su ex miembro Raúl Zaffaroni y de Gustavo Ferreyra. Los peronistas conservadores Horacio Rosatti, Juan Maqueda y Ricardo Lorenzetti y el liberal Carlos Rosenkrantz patearon el caso hasta después de las vacaciones de enero, como si el tema no tuviera necesidad ni urgencia. Los antecedentes no son propicios para el gobierno: desde 1982 la Corte dictó 15 fallos sobre decretos de necesidad y urgencia, que fijan requisitos para su validez que el 70/2003 no reúne. En esta misma edición del Cohete, Héctor Recalde lo expone con su habitual precisión. Por si no le faltaran enemigos, el gobierno subió al ómnibus el traspaso a la Capital Federal de la denominada justicia nacional, lo cual puso en pie de guerra a las entidades representativas de los jueces que deberán decidir sobre la vigencia de la ley y del decreto. La forma irracional de actuar del gobierno hace sospechar si no se trata de una provocación tendiente a clausurar un Congreso en el que está en irremediable minoría, como hizo Alberto Fujimori en Perú en 1992, según explicamos la semana pasada aquí.

En sentido contrario, el gobierno da indicios de que está dispuesto a negociar puntos concretos de la Ley Ómnibus, por ejemplo la modificación de la ley de hidrocarburos, que confería al Poder Ejecutivo la facultad de otorgar o cancelar permisos, concesiones y autorizaciones, en yacimientos que están en manos de las provincias. Luego de una entrevista con el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, el secretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirillo dijo que se trataba de un error, porque copiaron artículos de la ley vigente antes de la reforma constitucional de 1994 y de la sanción de la denominada ley corta, y que sería corregido. Copy & paste con 30 años de delay, adecuado parónimo de Milei.

El viernes Milei viajó a Mar del Plata para pasar la noche con su novia. Fue aplaudido en el avión de línea en el que viajó y en el teatro donde ella actúa, cuando tomó el micrófono y dijo que el gobierno anterior le había dejado bombas por todos lados, pero lo recibieron con un cacerolazo en las calles de la ciudad.

Luego escribió en las redes antisociales: “Argentinos de bien, estamos por el buen camino…!!! No dejemos que se nos interpongan la casta delincuente que busca coimas y/o perpetuar el statu quo decadente”. Es decir, los senadores y diputados de quienes necesita para aprobar sus leyes y decretos.

El gatillo fácil

La ley también avanza sobre el Código Penal, con la reforma que Bullrich planteó, pero no pudo imponer durante el gobierno de Macrì, para liberar de responsabilidad a las fuerzas de seguridad, incluso si disparan por la espalda como hicieron el policía Luis Chocobar y los prefectos que mataron al chico mapuche Rafael Nahuel (Sergio Cavia, Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García). Todos ellos fueron condenados.

El nuevo artículo 34 del Código Penal declara que no será punible, “el que obrare en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo”, y el juez deberá interpretar en su favor “la proporcionalidad del medio empleado”. Tampoco será punible, “cualquiera que sea el daño ocasionado al agresor”, cuando “el número de los agresores” hiciera temer por la integridad física, ni  “quien se defendiere respecto de quien esgrimiera un arma falsa o de quien atacare con un arma mientras huye de la escena”. Ni quien intenta cometer un delito ni sus parientes si ha muerto, podrán “querellar o demandar a quien hubiera repelido la acción o impedido la huida”. Dicho en otros términos: dispare primero, pregunte después.

El contador Aníbal Fernández generó una enorme confusión al afirmar en las redes antisociales que debido a esta reforma se terminarán los juicios por Crímenes de Lesa Humanidad, ya que el inciso 5 declara no punibles a quienes actuaran en virtud de obediencia debida. Lo que el contador Fernández ignora es que la redacción del artículo 34, inciso 5 sobre obediencia debida no se modificó desde su promulgación hace 102 años, en el Código Penal de Rodolfo Moreno. De modo que no hay ley penal más benigna que pueda beneficiar a los condenados por la represión dictatorial. Mejor que el contador Fernández se dedique a hacer la publicidad de La Cámpora, en lo que sí es una autoridad indiscutida.

El Código bullrichonista modifica el artículo 194, de modo que la pena para quienes corten una via de transporte pase

• de un máximo de dos años de prisión a tres años y medio, es decir de cumplimiento efectivo, y
• a cuatro años si llevara lo que el Código llama un arma impropia (por ejemplo el palo en el que se enrollan las banderas).
• La pena llega a los cinco años para quienes “dirijan, organicen o coordinen” el corte”, estén o no presentes en la manifestación o acampe”, y a
• seis años para quien “bajo promesa de remuneración o bajo amenaza de quita o de asignación de un beneficio, plan, subsidio de cualquier índole, obliguen a otro a asistir, permanecer o alejarse de una movilización o protesta”.

Además agrega un artículo 194 bis que considera organizador a quien convoque o coordine a otros, les provea medios materiales o logísticos, o pase lista. Asistan o no a la manifestación, los hace responsables solidarios por los posibles daños. También aumenta de 2 a 6 años la pena máxima para quien atente o se resista contra la autoridad. Si al menos tres personas desean reunirse o manifestar en un espacio público deberán notificarlo al Ministerio de Seguridad por lo menos 48 horas antes, “detallar las características de la manifestación, los nombres propios y datos personales de sus organizadores, delegados o autoridades, independientemente de que participen o no de la reunión o manifestación; el objeto y finalidad, la ubicación y recorrido, tiempo de duración y cantidad estimada de convocados”.

Un consenso que permanece

En cambio, el gobierno decidió no incluir en el ómnibus ninguna modificación a las leyes de defensa nacional, seguridad interior e inteligencia nacional que permitieran la actuación castrense fuera de su actividad específica. Esas leyes, promulgadas durante los gobiernos de Alfonsín, Menem y De la Rúa, expresan el consenso multipartidario que rigió durante cuatro décadas, al dividir en forma tajante entre defensa nacional y seguridad interior. Modificarlo por decreto no satisface las exigencias de los miembros de las actuales promociones para volver a enterrar sus borceguíes en el fango que ensució los uniformes de quienes los precedieron, y por ley no cuenta con el número suficiente.

La sociedad y el sistema político argentino tienen una capacidad de resistencia que tal vez Milei no ha evaluado bien. Su insistencia en que si el Congreso no le aprueba el decreto convocará a un plebiscito es una amenaza poco convincente. La primera medición, realizada por Zuban Córdoba indica que lo perdería, casi por el mismo porcentaje que lo llevó a la presidencia.