En su habitual columna en Caballero de Día, la abogada laboralista Natalia Salvo analizó el rol del Poder Judicial en la consolidación del actual esquema económico y sostuvo que “le da un ropaje de legalidad a un modelo de exclusión”.
Salvo cuestionó el funcionamiento de los tribunales de Comodoro Py y lo vinculó con la persecución judicial a dirigentes políticos asociados a modelos económicos alternativos. “No son neutrales”, afirmó en referencia a los magistrados que intervienen en la denominada causa cuadernos, y apuntó contra las irregularidades en el proceso.
En ese sentido, la letrada destacó la reciente declaración de un empresario en el juicio oral, quien aseguró haber modificado su testimonio por temor a quedar detenido. “Declaré de esa forma por miedo a ir preso”, citó Salvo, al tiempo que señaló que este tipo de afirmaciones “revela lo que hicieron jueces y fiscales durante la instrucción”.
La abogada sostuvo que múltiples imputados en la causa habrían sido presionados para declarar como “arrepentidos” y que incluso algunos dejaron constancia previa ante escribano de esas condiciones. “Se construyó una rueda para instalar la idea de una asociación ilícita en los gobiernos de Néstor y Cristina”, planteó.
Asimismo, cuestionó la validez de las pruebas y la actuación del tribunal oral, que postergó el tratamiento de nulidades planteadas por las defensas. “Esto es un escándalo”, afirmó.
Salvo vinculó estos procesos con una estrategia más amplia del poder económico. “Primero dictaron la ley del arrepentido en 2016 y luego avanzaron con la causa cuadernos en 2018”, explicó, al considerar que existió una coordinación para judicializar a referentes políticos.
En otro tramo, la abogada se refirió al rol de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina en el actual escenario, especialmente ante el pedido de per saltum vinculado a la suspensión de artículos de la reforma laboral. “Puede soltarle la mano a un gobierno, pero no a este modelo económico”, advirtió.
Según detalló, el intento de trasladar el tratamiento del caso al fuero contencioso administrativo responde a una búsqueda de mayor alineamiento con el oficialismo. “Es un fuero en alianza con el poder de turno”, sostuvo.
En ese marco, Salvo reclamó una reforma estructural del sistema judicial y recordó el intento impulsado en 2013 durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. “El poder real no lo permitió”, señaló.
Finalmente, la abogada vinculó el accionar judicial con las consecuencias sociales del modelo económico vigente. “Siete de cada diez argentinos están endeudados para comer”, afirmó, y enumeró indicadores como el cierre de pymes, la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro de áreas sensibles como salud, educación y discapacidad.
“Si hubiera un Poder Judicial que pusiera freno a leyes inconstitucionales, esto no estaría pasando”, concluyó, y llamó a recuperar una agenda centrada en el trabajo, la producción y la redistribución del ingreso.