En una conmovedora entrevista en los estudios de La García por AM 530, la radio de las Madres, los comunicadores e investigadores de Nodal, Paula «Pili» Giménez y Lucas Aguilera, relataron el mes de terror que vivieron tras ser secuestrados el pasado domingo 24 de mayo en Libia, mientras integraban un convoy terrestre de ayuda humanitaria coordinado por la flotilla internacional que se dirigía hacia la Franja de Gaza. Los activistas recordaron el contraste absoluto entre los primeros 500 kilómetros de caravana desde Trípoli, donde los camiones repletos de antibióticos y alimentos eran recibidos con fuegos artificiales y el aplauso solidario de los pueblos árabes, y el violento freno en la zona restringida controlada por las facciones en pugna de la guerra civil. Allí, tras frustrarse las negociaciones con la Media Luna Roja para canalizar la entrega pacífica de las ambulancias, un megaoperativo militar de película, compuesto por unos cincuenta agentes y cinco camionetas blancas sin patente, los emboscó a golpes para despojarlos de sus vehículos y pertenencias, iniciando un período de desaparición forzada e incomunicación absoluta en los pozos negros de los servicios de inteligencia libios.
La travesía continuó bajo una feroz tortura psicológica e incertidumbre permanente al ser trasladados de manera engañosa hacia la ciudad de Bengasi, capital de la denominada Libia del Este, donde fueron ingresados a un centro de detención clandestino rodeado de muros gigantescos. Los investigadores describieron que fueron confinados individualmente en calabozos de castigo de dos por dos metros, sin luz natural, con una letrina y plagados de cucarachas, arañas y nubes de mosquitos que volvieron la estadía un infierno insoportable. Ante la total vulnerabilidad, desprovistos de ropa de abrigo y sin garantías de seguridad, los interrogatorios se extendieron de madrugada sin presencia de abogados ni traductores de contraparte, obligándolos mediante huellas dactilares a firmar actas redactadas exclusivamente en idioma árabe. La situación alcanzó su punto más crítico cuando el personal penitenciario procedió a extraerles muestras de sangre sin justificación alguna médica, sembrando entre los prisioneros el pánico fundado de ser víctimas de redes ilegales de tráfico de órganos en un territorio hostil dominado por el armamento.
Frente a un escenario donde los funcionarios libios montaban acusaciones severas de terrorismo, espionaje, asociación ilícita e inmigración ilegal —delitos que en cualquier ordenamiento jurídico implican años de prisión efectiva—, los diez integrantes del convoy humanitario de diversas nacionalidades decidieron iniciar una huelga de hambre y sed total al tercer día de hacinamiento. La drástica medida de fuerza provocó un revuelo internacional inmediato cuando una de las activistas, de nacionalidad polaca, sufrió convulsiones y la propia Paula se desmayó tras entrar en un cuadro de coma hipoglucémico con niveles de azúcar en sangre que rondaban los 37 miligramos. Ante el temor de las autoridades libias de que se produjeran muertes dentro del penal, se habilitó un médico y una llamada telefónica desesperada hacia las familias, audio que terminó viralizándose en las redes mundiales y que los guardias intentaron censurar posteriormente bajo coacción y amenazas directas hacia los detenidos en un claro intento de disciplinamiento.
Finalmente, Giménez y Aguilera denunciaron la absoluta inacción y hostilidad por parte del gobierno argentino, cuya representación consular en Túnez llegó tarde cuando el rescate ya se había efectivizado gracias a las gestiones diplomáticas urgentes de los gobiernos de Italia y Turquía. Los comunicadores manifestaron su indignación ante el comunicado oficial de la cancillería de Javier Milei que los tildó de «temerarios» bajo una lógica revanchista, equiparable al nefasto «algo habrán hecho», mientras en las redes sociales sufrían una campaña de odio coordinada por trolls de derecha que los atacaban por su militancia peronista. Los activistas concluyeron afirmando que el verdadero objetivo de las potencias aliadas de Israel es criminalizar la solidaridad internacional y ocultar el genocidio en Palestina, marcando la brutal paradoja de un mundo donde el contrabando de armas y bombas circula libremente por las fronteras estatales, mientras que transportar medicamentos, insumos hospitalarios y leche para salvar vidas humanas es tipificado como un acto criminal.