En su columna en Caballero de Día, Natalia Salvo analizó el impacto de la reforma laboral sobre la Justicia Nacional del Trabajo y dio voz a quienes se verían directamente afectados si el proyecto se aprueba. En diálogo con Verónica Vidal, empleada judicial, advirtió que el artículo 91 prevé la disolución del fuero laboral y que un acuerdo posterior entre el Gobierno nacional y la Ciudad habla directamente de “cierre”. “Se habla de cierre inmediato de 30 juzgados y una sala. No se dice qué va a pasar con nuestros puestos de trabajo”, señaló Vidal, describiendo un clima de “desazón, angustia e incertidumbre” entre trabajadores y trabajadoras judiciales.
Más adelante, Salvo explicó que actualmente existen 80 juzgados laborales y 10 salas de la Cámara, y que el proyecto plantea una “residualidad” del fuero: solo continuarían las causas ya iniciadas, mientras que los nuevos conflictos pasarían a otra órbita. “No es un simple traspaso, es una disolución”, remarcó. Vidal subrayó que se trata de un fuero con más de 80 años de historia, creado para abordar conflictos sociales derivados de la desigualdad estructural. “Si no existe un canal institucional especializado para resolver estos conflictos, es muy peligroso para la sociedad en su conjunto”, advirtió, al tiempo que rechazó el discurso de la “industria del juicio” y reclamó mayor presupuesto e inversión en lugar de recortes.
En el mismo tono, Salvo cuestionó que la reforma obligue formalmente a los jueces laborales a acatar las decisiones de la Corte Suprema, lo que interpretó como un intento de “amordazar” a magistrados que aún aplican el principio protectorio. Recordó que la Justicia Nacional del Trabajo fue creada por Juan Domingo Perón mediante el decreto 3247 de 1944, cuando desde la Secretaría de Trabajo y Previsión impulsó una justicia “presente” para equilibrar la desigualdad entre capital y trabajo. “No es una justicia neutral, es una justicia que reconoce que no somos todos iguales”, afirmó, y evocó el artículo 37 de la Constitución de 1949, que consagraba derechos al trabajo, a la retribución justa, a la salud y a la protección social.
Finalmente, la abogada enmarcó la reforma en un contexto más amplio de retroceso de derechos y sostuvo que el desenlace quedará en manos de la Corte Suprema, desplazando al fuero especializado. “El derecho primero es lo que los jueces dicen que es. Pero los derechos son, ante todo, una decisión política”, concluyó. Y lanzó una advertencia: sin políticas públicas que los sostengan, los derechos laborales conquistados a lo largo de décadas pueden convertirse en letra muerta.