En su columna para el programa La García por AM 530, la radio de las Madres, la periodista Celeste Del Bianco denunció la alarmante ejecución de un «segundo ferrocidio» en la Argentina, al cumplirse dos años de la emergencia ferroviaria decretada por el Ejecutivo nacional en junio de 2024 tras el grave choque de la línea San Martín en Retiro que dejó cincuenta y cinco heridos. La columnista reveló la existencia de una descomunal deuda flotante provocada por el deliberado vaciamiento presupuestario de los organismos públicos; de los 1.2 billones de pesos anunciados originalmente para el mantenimiento y la seguridad de las vías, el gobierno ejecutó menos de la mitad, alcanzando apenas un cuarenta y cuatro por ciento del total. Esta parálisis financiera se profundiza de manera drástica al analizar las partidas del año 2026, donde el presupuesto inicial estipulado en 435.000 millones de pesos muestra una subejecución extrema, habiéndose utilizado apenas 95.000 millones, lo que representa un magro veintidós por ciento de los fondos indispensables para garantizar el funcionamiento del sistema.
Este estrangulamiento de los recursos se traduce de forma directa en el colapso de la infraestructura y un peligro constante para la seguridad pública, registrándose una estadística trágica de 101 descarrilamientos en los primeros cuatro meses de 2026 en ramales de pasajeros y de cargas, cifra que representa un incremento del treinta por ciento respecto al mismo período del año anterior. Un informe reciente de la Auditoría General de la Nación (AGN), elaborado de manera transversal por los diferentes bloques del Congreso, convalida la gravedad del diagnóstico al certificar que el 63.8 por ciento de las vías férreas del país se encuentra en estado regular o malo. El deterioro terminal también golpea al material rodante mediante un proceso de «canibalización» donde, ante la falta crónica de insumos importados, los mecánicos se ven obligados a desarmar locomotoras en desuso para reparar las pocas unidades activas; un ejemplo de esto ocurre en la línea San Martín, donde el parque operativo cayó de veinticuatro a dieciséis locomotoras, provocando un aumento global del setenta y dos por ciento en siniestros ferroviarios como incendios, colisiones y derrames.
La crisis operativa impacta de lleno en la rutina diaria de los usuarios de las líneas masivas del conurbano bonaerense debido a la reducción de las frecuencias y la pérdida de velocidad comercial, una medida de fuerza mayor que adoptan los maquinistas para evitar catástrofes ante el pésimo estado del tendido. En la línea Sarmiento, que une Once con Moreno, circulan apenas diecinueve de las veinticinco formaciones originales y se han omitido por completo las revisiones técnicas de seguridad obligatorias que deben realizarse cada cinco y diez años, debido a que el Estado mantiene cortados los pagos a las empresas contratistas de estos servicios esenciales. Como consecuencia directa, los tiempos de viaje se incrementaron en casi media hora, transformando trayectos que antes demandaban menos de una hora en recorridos de una hora y veinte minutos, deteriorando la calidad de vida de los trabajadores que utilizan el transporte público mientras las cúpulas gremiales alertan que el escenario actual posee un preocupante paralelismo con los meses previos a la histórica tragedia de Once.
Finalmente, Del Bianco detalló el severo impacto del ajuste sobre el factor humano, señalando que el gobierno impulsó la desvinculación de más de 4.000 trabajadores ferroviarios de todas las líneas mediante jubilaciones anticipadas y retiros voluntarios. Esta pérdida de personal calificado y con una expertiz específica inestimable —como electricistas de vía y técnicos especializados— provoca que la resolución de desperfectos en las redes eléctricas demande largas horas de parálisis del servicio por falta de personal idóneo. Con salarios promedio que rondan los 900.000 pesos y que apenas alcanzan 1.200.000 pesos en los casos de mayor antigüedad, la desestructuración del sistema busca repetir la matriz privatizadora de la década de los noventa, cuando se deterioraban intencionalmente los servicios públicos para forzar la aceptación social del desguace. En la mesa de debate se concluyó que el Ejecutivo nacional se encuentra jugando peligrosamente con vidas humanas bajo la estrategia de empujar el colapso del sistema de transporte, desatendiendo riesgos extremos como el ocurrido en el Sarmiento, donde los pasajeros debieron evacuar a pie sobre vías electrificadas tras un descarrilamiento.