En diálogo con Cynthia García durante el programa La García en los estudios de AM530, el legislador porteño Alejandro «Pitu» Salvatierra criticó con dureza el despliegue del operativo policial Tormenta Negra y la política urbana del gobierno porteño en las villas. Al calificar el accionar de la gestión de Jorge Macri hacia la población de los barrios populares, Salvatierra afirmó: «Él trata a la población que vive dentro de los barrios populares muy diferente al resto de la población porteña… Le impone medidas a la población villera que no le impone al resto de la ciudad de Buenos Aires. Y en ese acto de discriminación infiere también en una violación flagrante de los derechos humanos».
Durante la entrevista, el legislador detalló las consecuencias del bloqueo al ingreso de materiales de construcción y el impacto de las restricciones de circulación dentro de los barrios populares. Sobre las complicaciones para el hábitat y el desarrollo cotidiano de los vecinos, Salvatierra sostuvo: «Nadie compra materiales hoy en un barrio popular para construir un edificio… si alguno le queda un mango, a gatas puede comprar una bolsa de cemento y esa bolsa de cemento va destinada al revoque de una pared que tiene que ver con la mejora de la calidad de vida, que no le entre agua… lo que impide el jefe de gobierno con estas medidas es que esa gente que vive paupérrimamente mejore su calidad de vida mínimamente». Asimismo, advirtió sobre los peligros derivados del cierre de accesos: «En la 31 tiene más de 15 calles cerradas… entrar era más difícil porque nos encontrábamos con unos pilotes amarillos de un metro más o menos que no nos permitían entrar… Eso produjo que hace dos meses un camión de bomberos no pudiera entrar a apagar un incendio».
Al analizar la efectividad de las irrupciones policiales y el gasto presupuestario que implican frente a los reclamos de seguridad de los propios vecinos, el referente territorial cuestionó los resultados oficiales del despliegue en la Villa 20. Al referirse al saldo de los procedimientos masivos, Salvatierra señaló: «Mover 1500 policías, drones, helicópteros y recursos de espacio público le debe salir una millonada de plata al Estado… ¿Los resultados? 17 detenidos, de los cuales dos quedaron detenidos por delitos menores y los otros 15 fueron liberados. No sirvió para nada».
Por último, Salvatierra abordó la crisis habitacional que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires y el creciente proceso de desplazamiento social hacia las villas debido al aumento de los alquileres. Sobre la vulnerabilidad de las familias afectadas por las expulsiones e intervenciones oficiales, el legislador concluyó: «El 40% de los desalojados son menores de edad, chicos que nacieron en esta ciudad y tienen derecho pleno… Dentro del otro 60% tenés ancianos, discapacitados, mujeres… La ley y el orden están bien, pero sin derechos no es democracia».