En Caballero de Día, Natalia Salvo analizó el avance de la reforma laboral que el Gobierno busca tratar en sesiones extraordinarias y advirtió que no se trata de un cambio técnico, sino de una transformación estructural del Estado y del modelo social. La abogada laboralista planteó una mirada “de dron” sobre el proceso y fue contundente: “Quieren llevar a nuestro país a un estado preindustrial, en donde se consolide la esclavitud”. En ese sentido, explicó que las leyes son siempre un punto de llegada de disputas de poder y que, en este caso, el gran capital financiero impone su agenda por sobre los derechos conquistados por la clase trabajadora.
Más adelante, Salvo vinculó la reforma laboral con una regresión cultural, política y democrática. Señaló que no puede haber libertades sindicales ni derechos laborales en un Estado de derecho degradado y recordó que Cristina Fernández de Kirchner dejó “5,6% de desempleo, casi pleno empleo, el salario más alto de América Latina y una cobertura previsional cercana al 100% con las mismas leyes laborales que después destruyeron Macri y Milei”. En contraste, sostuvo que hoy se busca convertir al trabajador en una mercancía: “Antes de 1813 eran cosas, después pasaron a ser sujetos de derecho. Ahora quieren volver a asimilarlos a un objeto”.
En el mismo tono, la columnista detalló el contenido concreto del proyecto. Denunció que se excluye a los trabajadores de plataformas, se elimina la presunción de relación laboral, se debilita el principio protector del derecho del trabajo y se habilita la renuncia individual a derechos. “El ingreso al contrato de trabajo pasa a ser un privilegio”, advirtió, y explicó que además se fragmentan las vacaciones, se amplía el período de prueba y se impone la preeminencia de los convenios de empresa por sobre los de actividad. Todo esto, dijo, se combina con una brutal pérdida del poder adquisitivo: tarifas con aumentos de hasta 900%, inflación interanual del 31,5% y salarios cada vez más licuados.
Finalmente, Salvo alertó que la reforma no viene sola, sino acompañada de represión y disciplinamiento. “Tocan el derecho individual, el derecho colectivo y el derecho de huelga”, sostuvo, y denunció que se pretende exigir servicios mínimos del 75% casi en todas las actividades, violando normas internacionales. Para la abogada, esto no se frena con tecnicismos sino con política: “Esto se detiene con movilización popular, con participación y con conducción política, no con pasividad sindical ni política”. Y cerró con una definición clara: antes de que nos arrebaten 120 años de conquistas, hay que salir a defender los derechos en la calle y con organización.