Este jueves en Caballero de Día, Natalia Salvo realizó su segmento semanal donde analizó la reforma del Estatuto de Gendarmería y otras fuerzas de Seguridad. La abogada explicó que el presidente Javier Milei firmó una serie de decretos que modificaron profundamente el funcionamiento de las fuerzas federales, justo un día antes de que vencieran las facultades delegadas. Se trató, según detalló, de una reforma integral que altera leyes estructurales y redefine las competencias de la Gendarmería, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Prefectura Naval y el Servicio Penitenciario Federal, con el pretexto de la “modernización” y el combate al delito complejo.
Para Salvo, estas modificaciones buscan asegurar un brazo ejecutor para la represión interna en un contexto de creciente conflicto social. “La pasividad social es un sueño difícil de conseguir y obtener”, advirtió, y relacionó esta ofensiva con el ajuste, el desmantelamiento del Estado y las múltiples protestas en marcha. Denunció además que se trata de una maniobra para evitar el debate legislativo: “Intentaron evitar el Congreso modificando una ley orgánica por otra ley orgánica, lo cual es de dudosa constitucionalidad”.
Uno de los cambios más graves señalados por Salvo fue el traspaso del Servicio Penitenciario Federal del Ministerio de Justicia al de Seguridad, concentrando aún más poder en manos de Patricia Bullrich. “No es un cambio nominal”, advirtió. “Las cárceles pasan a estar bajo el mando de quien ya fue responsable de graves violaciones de derechos durante el gobierno de Mauricio Macri”. Además, advirtió que estas reformas también otorgan a las fuerzas facultades para intervenir en ciberdelitos y tareas de inteligencia interior, apuntando contra “un nuevo enemigo interno que puede ser cualquier militante o cualquiera que tenga un disco”.
Por último, Salvo señaló que esta ofensiva va en línea con una doctrina represiva funcional al modelo económico que impulsa Milei. “Como dijo Cristina, asistimos a la sustitución del partido militar por el partido judicial, pero también al fortalecimiento del monopolio estatal del uso de la fuerza al servicio del capital financiero”, concluyó. En su análisis, el endurecimiento de las fuerzas de seguridad no responde a una política de seguridad pública sino a la necesidad de sostener, por la fuerza, un modelo que calificó como “inviable”.