En una reveladora entrevista conducida por Roberto Caballero en el programa Caballero de Día, el secretario general de FEDUBA, Pablo Perazzi, analizó con profunda preocupación el escenario posterior a la firma del acta acuerdo paritaria entre el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las federaciones sindicales y el Poder Ejecutivo. En diálogo con el equipo periodístico, que integran también Marcos Citadini y Florencia Iváñez, el dirigente gremial expuso el sabor amargo que dejó la resolución de uno de los conflictos más agudos de la gestión libertaria. Perazzi describió el clima de desazón en las bases tras dos años y medio de masivas movilizaciones, clases públicas y ruidazos a lo largo y ancho del país, advirtiendo sobre el impacto desarticulador de la medida: «La sensación es de una suerte de clausura, sino claudicación, de todo lo que vinimos haciendo durante estos dos años y medio».
Al desglosar las cifras de la negociación, el titular de FEDUBA denunció la enorme brecha existente entre las necesidades reales de recomposición y lo efectivamente rubricado en el texto oficial, calificándolo como un entendimiento «muy a la baja». Perazzi precisó que la Ley de Financiamiento Universitario —cuya plena vigencia venían exigiendo en las calles y los tribunales— establecía un incremento del 51% que, actualizado a la fecha, equivalía a un 54% de recomposición real frente a la inflación acumulada. En abierto contraste, la propuesta oficialista convalidó una cifra sustancialmente menor: «Lo que el gobierno ofreció es 24.3% en dos cuotas, que es de 21.3% sobre el sueldo de mayo para cobrar en junio y de un 3% sobre el sueldo de septiembre para cobrar en octubre; claramente el salario pierde».
En ese mismo sentido, el referente sindical cargó con dureza contra el apresuramiento de ciertos sectores de la conducción universitaria para sellar el pacto, interpretándolo como un inesperado «salvavidas de plomo» para una administración de Javier Milei que se encontraba severamente desgastada por crisis internas y el recelo de los mercados. Perazzi cuestionó que se haya desactivado la presión callejera justo cuando la última movilización federal había congregado a un millón y medio de manifestantes y el Poder Judicial comenzaba a dar señales de reactivación frente a los amparos presentados. «El gobierno venía golpeado y, de golpe, termina presentando esto como un triunfo, como que le dobló la muñeca a la comunidad universitaria que viene peleando en quince minutos», lamentó, diferenciando los logros sectoriales obtenidos por los rectores en gastos de funcionamiento y hospitales de la evidente postergación de los ingresos docentes.
Finalmente, el análisis de Pablo Perazzi devela la peligrosa ingenuidad de subordinar la movilización popular a actas paritarias firmadas por un funcionariado que carece de la más mínima palabra y rigor institucional. La firma estampada por el subsecretario Alejandro «Gallego» Álvarez en un documento de tres páginas no ofrece ninguna garantía jurídica frente a un Poder Ejecutivo que ha hecho del incumplimiento de los pactos con gobernadores y legisladores su principal doctrina de gestión. En definitiva, el mayor peligro de este cierre apresurado no reside únicamente en los puntos salariales confiscados a los trabajadores, sino en el intento explícito de enfriar la trinchera más dinámica de la resistencia al modelo de saqueo. Frente a un gobierno que solo ofrece asfixia y desprecio por lo público, el peronismo y los sindicatos universitarios tienen la obligación de mantenerse en estado de alerta y movilización, porque la justicia salarial no se mendiga en los despachos oficiales; se conquista y se defiende con el pueblo organizado en la calle.