El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, dialogó con Siempre es hoy acerca de la declaración de Cristina Fernández de Kirchner y cuestionó el funcionamiento en la Justicia.
El alto funcionario bonaerense consideró que la exposición de la exmandataria fue “contundente” y sostuvo que permitió explicar el origen del expediente judicial, al que calificó como un “armado” con intereses políticos detrás.
Según planteó, la declaración puso el foco en el funcionamiento de sectores del fuero federal con sede en Comodoro Py, donde —afirmó— se desarrollan prácticas irregulares en la investigación de causas de alto impacto político.
Mena señaló que la exvicepresidenta evitó centrarse en aspectos técnicos del expediente y, en cambio, expuso el contexto en el que se desarrolló la investigación. En ese marco, apuntó contra el fiscal Carlos Stornelli, a quien acusó de haber incurrido en prácticas de presión y extorsión durante la recolección de testimonios.
El ministro sostuvo que lo planteado en la audiencia evidenció “la gravedad institucional” del funcionamiento de la Justicia en este tipo de procesos y remarcó que la discusión de las pruebas quedará en manos de los abogados durante el juicio.
También cuestionó la integración del tribunal que interviene en la causa y mencionó al juez Germán Castelli, cuya designación —según indicó— fue objetada por la Corte Suprema.
El funcionario reconoció, además, las dificultades que tuvo el gobierno del Frente de Todos para avanzar en una reforma judicial durante la gestión de Alberto Fernández, y consideró que ese proceso “salió mal”.
No obstante, advirtió que esa experiencia no debe frenar futuros intentos de modificar el sistema. “No hay democracia ni Argentina posible con este Poder Judicial”, afirmó.
En otro tramo de la entrevista, Mena se refirió a la situación de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que actualmente funciona con menos integrantes de los previstos.
El ministro aseguró que el gobierno provincial trabaja para completar las vacantes antes de fin de año y destacó que, desde el inicio de la gestión, se designaron más de 400 jueces, fiscales y defensores sobre un total de 700 cargos vacantes.
Según explicó, la cobertura de esos puestos forma parte de una agenda más amplia orientada a fortalecer el funcionamiento del sistema judicial en la provincia.
En ese marco, insistió en la necesidad de avanzar en reformas estructurales que permitan mejorar la calidad institucional y recuperar la confianza en la Justicia.