En una fecha cargada de simbolismo,, el presidente de la Nación apuntó contra los jueces del fuero laboral y los acusó de ser “militantes”. La abogada Natalia Salvo denunció una ofensiva contra el derecho a litigar y advirtió sobre el intento del oficialismo por disciplinar al Poder Judicial.
En el Día del Abogado Laboralista, que conmemora la trágica Noche de las Corbatas durante la última dictadura, Javier Milei eligió nuevamente la confrontación como forma de gobierno. En declaraciones públicas, aseguró que “la justicia laboral se va a terminar” y acusó a los magistrados del fuero de ser “militantes”, responsabilizándolos por “los males que sufre la Argentina”.
La abogada laboralista Natalia Salvo, en su columna para Caballero de Día, denunció que el gobierno intenta construir un relato que estigmatiza al trabajador que reclama por sus derechos y criminaliza a los jueces que dictan fallos contra decretos presidenciales. “No hay tal cosa como la industria del juicio; hay ejercicio del derecho constitucional a reclamar ante la Justicia”, subrayó.
Salvo recordó que varios fallos recientes declararon inconstitucionales artículos del DNU 70/2023, como el que eliminaba el feriado del Día del Trabajador Estatal o el que restringía el derecho de huelga. La respuesta del gobierno no fue corregir el rumbo, sino escalar en su ofensiva: “Anunciaron que activarán mecanismos para sancionar a los jueces, como el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, una herramienta diseñada para obstaculizar reclamos laborales y proteger a los grandes grupos económicos”.
Según datos de la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo, entre junio de 2024 y mayo de 2025 se iniciaron casi 197.000 demandas laborales. Para el gobierno, ese número implica una supuesta “bicicleta financiera” armada por trabajadores accidentados. Para Salvo, en cambio, se trata de una consecuencia lógica de una ley de riesgos del trabajo “desastrosa, desigual y con altos niveles de inconstitucionalidad”.
“No te cortás un brazo para cobrar una indemnización. Los que jugaron financieramente con los juicios laborales son las ART y las grandes empresas”, disparó. También recordó que durante el macrismo hubo antecedentes de persecución judicial contra magistrados que ordenaron reinstalaciones de despedidos, como Arias Gibert, Marino y Cañal.
En una justicia laboral cada vez más presionada por el Poder Ejecutivo, Salvo reivindicó su razón de ser: “Desde su creación en 1944, la justicia del trabajo es imparcial, pero no neutral. Su función es proteger al trabajador porque existe una desigualdad estructural”.
A un año de la sanción de la Ley Bases y su capítulo de “modernización laboral”, la abogada fue categórica: “No se creó más empleo. Aumentó el desempleo, la precarización y la informalidad, sobre todo entre mujeres y jóvenes del conurbano”.
El ataque presidencial llega en un momento donde las estadísticas laborales se deterioran y el oficialismo busca chivos expiatorios para una crisis que no se resuelve con insultos, sino con políticas públicas. La justicia laboral, en este contexto, se transforma en una trinchera incómoda para un modelo que ve en los derechos una traba y no un piso civilizatorio.