En su columna en Caballero de día, Natalia Salvo analizó los cambios introducidos por el Gobierno en el proceso de designación de magistrados y advirtió sobre una reducción de los mecanismos de control ciudadano sobre el Poder Judicial.
La abogada laboralista Natalia Salvo cuestionó las modificaciones introducidas por el Gobierno nacional al régimen de designación de jueces y fiscales y sostuvo que las nuevas disposiciones “reducen el control ciudadano” sobre el Poder Judicial. Según señaló, los cambios fueron establecidos mediante el decreto 467, que modifica el decreto 222/2003 impulsado durante la presidencia de Néstor Kirchner.
En su columna en Caballero de día, Salvo explicó que el decreto de 2003 había incorporado mecanismos para que organizaciones sociales, universidades, colegios profesionales y ciudadanos pudieran formular observaciones sobre los antecedentes y la idoneidad de los candidatos a integrar la Corte Suprema y otros tribunales. A su entender, las modificaciones actuales flexibilizan esos controles y reducen los niveles de publicidad del proceso de selección.
La letrada advirtió además que los cambios se producen en un contexto de numerosas vacantes judiciales y tras la designación de Juan Bautista Mahiques al frente del Ministerio de Justicia. “En un momento en que otros países amplían la participación ciudadana en la selección de magistrados, nosotros avanzamos en sentido contrario”, afirmó, al tiempo que vinculó la medida con el fortalecimiento del denominado “partido judicial”.
Por último, Salvo cuestionó la eliminación de referencias vinculadas a la representación federal, la diversidad de especialidades y la perspectiva de género en la integración de los tribunales superiores. En ese marco, consideró que las reformas consolidan una mayor concentración de poder en el sistema judicial y concluyó: “Más partido judicial y menos control ciudadano”.