El exministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Daniel Filmus, dialogó con Bonavitta 530 acerca de los proyectos oficiales para modificar la Ley de Glaciares y advirtió que la iniciativa “deteriora aún más el medio ambiente” y pone en riesgo una de las principales reservas de agua dulce del país.
“Es una de las propuestas que tiene el gobierno en el sentido de atacar una de las reservas más importantes que tenemos de agua dulce, fundamental para la vida de millones de argentinos”, sostuvo.
Filmus explicó que la norma vigente estableció, tras un amplio debate y estudios científicos, un inventario nacional de glaciares a cargo del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), que determinó cuáles son los glaciares y zonas periglaciares que cumplen una función clave en la regulación hídrica.
“Ese mapa abarca apenas el 1% de la cordillera. No es incompatible la minería con la preservación de los recursos hídricos. Lo que se definió es un mínimo de protección”, remarcó. Según recordó, la constitucionalidad de la ley fue ratificada por la Corte Suprema tras una década de litigio, al considerar que protege el derecho a un ambiente sano consagrado en la reforma constitucional de 1994.
Para el exfuncionario, el intento de modificar ese esquema implicaría trasladar decisiones técnicas a criterios políticos. “Quieren que no sea el estudio científico el que determine qué se protege, sino una decisión política sobre dónde se puede avanzar con la minería”, cuestionó.
En ese marco, alertó que la iniciativa podría generar mayor inseguridad jurídica. “Con el antecedente de la Corte Suprema, cualquier explotación que avance sobre glaciares va a ser judicializada. No va a haber más previsibilidad, sino menos”, afirmó.
Filmus señaló además que en los últimos diez años los glaciares retrocedieron alrededor de un 17% como consecuencia del calentamiento global y advirtió que la mitad del territorio nacional depende, en mayor o menor medida, del agua de deshielo. “Es una mirada de corto plazo para conseguir recursos inmediatos que a largo plazo van a perjudicar a las futuras generaciones y también a las actuales economías regionales”, indicó.
Al referirse a proyectos de megaminería en provincias como Mendoza y en la Patagonia, recordó que la ley fue respaldada en su momento por todas las fuerzas políticas y que fija presupuestos mínimos ambientales que las provincias no pueden reducir.
Finalmente, el exministro planteó que la Argentina debe fortalecer su desarrollo científico y tecnológico para gestionar sus recursos estratégicos. “Tenemos que decidir qué tecnologías incorporamos y cuáles desarrollamos. La protección del agua y la transición energética no pueden quedar libradas a la urgencia fiscal”, concluyó.