En una entrevista brindada a Cynthia García durante el programa La García por Radio AM 530, el abogado brasileño Rafael Valim, integrante de la defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y exabogado de Luiz Inácio Lula da Silva durante el caso Lava Jato, detalló los alcances jurídicos de la presentación realizada ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Frente a las repercusiones generadas tras la conferencia de prensa en la que se anunció la estrategia, el jurista afirmó que «las discusiones y cuestionamientos eran absolutamente previsibles, ya que ocurren siempre que se recurre a la justicia internacional de los derechos humanos». En ese sentido, aclaró que la medida no constituye una injerencia indebida en la soberanía del país, sino el ejercicio de «un compromiso que el Estado argentino asumió democráticamente con la comunidad internacional y consagró en su propia Constitución Nacional».
Al abordar la validez técnica de la presentación y cruzar los cuestionamientos vertidos por sectores mediáticos hegemónicos, Valim descartó categóricamente que se trate de un recurso de carácter efectista. Por el contrario, ratificó la fuerza normativa de las decisiones emitidas por los órganos internacionales y aseveró con firmeza que «las resoluciones de Naciones Unidas, tanto en materia cautelar como de fondo, deben ser obligatoriamente respetadas por Argentina». Sobre este punto, enfatizó que desconocer dicho mandato equivale a vulnerar el propio texto constitucional y los pactos ratificados por el país, señalando que «no hay la menor duda sobre su carácter vinculante, e interpretar lo contrario es negar la Constitución; ningún jurista de prestigio puede sostener una posición diferente dentro de la racionalidad jurídica».
Respecto al funcionamiento operativo y los plazos estipulados para la resolución de las medidas de protección solicitadas, el abogado explicó que el Comité está integrado por 18 expertos independientes de distintas regiones del mundo y adelantó que la próxima sesión ordinaria del organismo tendrá lugar en octubre. Valim precisó que el objetivo central del equipo técnico es demostrar la gravedad institucional del caso para obtener un tratamiento prioritario, destacando que «las medidas cautelares tienen que ser examinadas brevemente porque responden a la afectación urgente de derechos fundamentales, por lo que trabajamos con la expectativa de que puedan ser analizadas durante la sesión de octubre».
Finalmente, el jurista analizó las irregularidades procesales registradas a lo largo de la causa Vialidad y remarcó la importancia de romper con la resignación promovida alrededor de la figura de la expresidenta. Valim concluyó sosteniendo que, tras una rigurosa revisión técnica del expediente, queda en evidencia que «Cristina es inocente y fue condenada sin elementos probatorios mediante un proceso donde se vulneraron garantías básicas del debido proceso». Por ello, remarcó que la vía internacional representa «una lucha justa, viable y técnicamente sólida que demuestra a la sociedad argentina que existen alternativas jurídicas efectivas para revertir condenas injustas».