El atropello contra la producción científica en Argentina sumó un capítulo alarmante tras la censura y persecución judicial contra Virginia Aparicio, investigadora del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) especializada en el impacto de los agroquímicos en la salud y el ambiente. Durante una entrevista en el programa La García, conducido por Cynthia García junto a Gabriela Piovano en Radio 10, la especialista detalló las irregularidades del proyecto europeo SPRINT, del cual Argentina fue el único país no europeo en participar. Tras analizar a 73 voluntarios en el país y más de 700 en Europa, el estudio arrojó un dato estremecedor: el 100% de las muestras de sangre, orina y materia fecal analizadas presentaron restos de al menos dos plaguicidas, confirmando la presencia masiva de glifosato incluso en habitantes de zonas urbanas.
Lejos de utilizar la evidencia científica para diseñar políticas públicas de reducción de riesgos, el Consejo Directivo del INTA —integrado por representantes de entidades del campo como la Mesa de Enlace y funcionarios del área agropecuaria— decidió censurar la difusión de los datos, cancelar las reuniones informativas con los voluntarios y tramitar el alejamiento de la Argentina del consorcio internacional. La decisión institucional escaló hasta derivar en la apertura de un sumario administrativo contra la profesional para forzar su exoneración, exoneración que fue convalidada por las máximas autoridades del organismo sin garantizarle el derecho elemental a la defensa ni dar lugar a los descargos metodológicos correspondientes.
Frente a la inminencia de la notificación oficial, la investigadora remarcó la gravedad institucional del hecho, señalando que, según los antecedentes analizados por su equipo legal, una sanción de esta magnitud dentro del ámbito científico estatal no registraba precedentes desde el último régimen militar. Aparicio advirtió que el castigo busca sentar un precedente disciplinador sobre la comunidad científica para disuadir cualquier estudio que ponga en tensión los intereses corporativos del modelo agronegociador. Asimismo, enfatizó que la ocultación de información no solo vulnera sus derechos laborales, sino que atenta directamente contra la salud pública de la población.
Las repercusiones dentro del ámbito científico y sindical no se hicieron esperar, cosechando un amplio respaldo de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), redes de investigadores y comunidades locales afectadas por las fumigaciones. Durante el debate radial, se remarcó el paralelismo entre la persecución a Aparicio y el histórico hostigamiento que sufrió el Dr. Andrés Carrasco tras denunciar los efectos teratogénicos del glifosato. Mientras los datos del proyecto SPRINT continúan custodiados en los servidores de la Comisión Europea a salvo de la censura local, la comunidad científica permanece en alerta ante lo que consideran un grave retroceso democrático en el derecho a la investigación libre y soberana.