Como cada semana, el periodista y abogado Pablo Llonto presentó su habitual columna sobre el seguimiento de las causas de derechos humanos en el programa La García, conducido por Cynthia García. En esta oportunidad, el especialista destacó una resolución judicial de enorme trascendencia histórica dictada por el juez Daniel Rafecas, titular del Juzgado Federal N° 3. A casi cincuenta años del brutal atentado, la Justicia resolvió llamar a indagatoria a cuatro exmiembros de la Policía Federal Argentina vinculados al asesinato de tres sacerdotes y dos seminaristas en la Parroquia de San Patricio, ocurrido el 4 de julio de 1976. Al respecto, Llonto celebró este avance al señalar que «por fin se llama a indagatoria a cuatro policías, que son los policías que estaban en el auto que había llegado ahí a la esquina de la iglesia», marcando un hito en una causa que la comunidad civil y religiosa venía reclamando de manera incansable.
En ese sentido, el columnista detalló cómo operaron los mecanismos de impunidad y coordinación represiva durante la madrugada del crimen en el barrio porteño de Belgrano. Según la investigación, los efectivos imputados acudieron al lugar en un móvil policial alertados por los vecinos, mantuvieron un breve diálogo con los ocupantes de un vehículo sospechoso y procedieron a retirarse inmediatamente de la zona sin intervenir. Más adelante, Llonto explicó la gravedad de este accionar al precisar que se indagará a los integrantes de la comisión policial que «fueron a dar la zona liberada; es decir, cómo la policía daba vía libre, bandera de paso, a los grupos de tarea que venían a cometer los secuestros o los crímenes». El periodista recordó además el ensañamiento de los ejecutores, quienes dejaron sobre los cuerpos de las víctimas un póster con un célebre chiste de Mafalda que rezaba: «Este es el palito de abollar ideologías».
Conectando las motivaciones del quíntuple asesinato, el abogado puntualizó que la Masacre de San Patricio formó parte de una violenta serie de represalias perpetradas por las fuerzas de seguridad en el microcentro de la Capital Federal. «Todo indica que formaron parte de lo que entendemos es la venganza de la Policía Federal por la bomba que había puesto unos días antes un integrante de Montoneros dentro del edificio de Superintendencia de Seguridad Federal», argumentó Llonto, contextualizando el odio ideológico dirigido hacia los religiosos palotinos debido a su fuerte «acción social importante en el barrio y en otros lugares». Asimismo, el especialista inscribió este caso dentro de los centenares de crímenes cometidos por la dictadura contra la Iglesia tercermundista y comprometida, evocando figuras emblemáticas como el obispo Enrique Angelelli, el padre Carlos Mugica y el barrendero Mauricio Silva.
Finalmente, el análisis de Pablo Llonto devela una cruda realidad respecto al cerco mediático contemporáneo que intenta sepultar la memoria de los crímenes de lesa humanidad en la Argentina. Mientras que en los albores de la democracia estos procesos judiciales ocupaban un lugar central en el debate público, la complicidad del presente busca condenar al olvido las complicidades civiles y policiales del terrorismo de Estado. En definitiva, el hecho de que casi medio siglo después se logre arrastrar a los tribunales a quienes garantizaron la vía libre para la matanza de San Patricio demuestra que la tenacidad de los organismos de derechos humanos es el verdadero motor de la Justicia. En una coyuntura política donde los discursos oficiales intentan relativizar el horror y reconciliarse con el pasado genocida, sostener estas coberturas informativas resulta un acto de resistencia indispensable para evitar que la impunidad biológica termine ganándole la carrera a la verdad histórica.