Beijing redefine su sistema educativo con 20 prohibiciones que apuntan a aliviar las presiones y desterrar discriminaciones, abusos y negociados. En el proceso, también fija límites a lo que puede decirse en el aula.
Por Fernando Capotondo
Un video de una estudiante secundaria sometida a una paliza por cuatro compañeras a la salida del colegio se hizo viral hace días en las redes sociales chinas. El caso impactó por el nivel de violencia de las adolescentes y, además, por la negligente actitud de la escuela de la ciudad de Dali, provincia de Yunnan, que intentó ocultar lo que había ocurrido meses antes, concretamente el 11 de diciembre de 2025. Nadie sabe medir, aún hoy, qué provocó más indignación.
Lo que sí parece estar más claro es que la conmoción pública desatada por el escándalo fue aprovechada en términos políticos para acelerar la entrada en vigencia del Listado Negativo para la Gestión de la Educación Básica 2026, un programa que pretende ordenar el asunto educativo, con 20 nuevas líneas rojas que las escuelas y profesores no deben cruzar ni en sueños.
La lista negra, como la bautizaron los medios chinos, representa una dura normativa que viene evolucionando con los años, teniendo en cuenta que la versión actual de 20 prohibiciones constituye una ampliación de las 16 de 2025 y de las escasas 12 de 2024.
Las estrictas regulaciones apuntan a un doble objetivo: aliviar la presión a los estudiantes y cortar de raíz ciertas irregularidades enquistadas en los jardines de infantes, escuelas primarias y primeros años del ciclo secundario. “Las normas trazan límites muy precisos, en un abanico que va desde la transparencia en la gestión hasta la seguridad que debe garantizarse en todo el ámbito escolar”, señalaron desde el Ministerio de Educación.
Líneas rojas
Las prohibiciones no se interpretan como un reglamento. Se leen como una radiografía. De lo que sobra, de lo que falta y, sobre todo, de lo que se soporta.
La primera preocupación es la sobrecarga. Durante años, estudiar en China fue una prueba de resistencia. Ahora, al menos en los papeles, eso debería cambiar. No más contenidos por fuera del currículo oficial, no más clases que se estiran, ni fines de semana convertidos en extensiones del aula.
Las tareas escolares dejan de ser castigo, una innovación en sí misma, y los recreos vuelven a ser recreos: nadie debería quedar atrapado en el aula mientras la consigna es descansar puertas afuera. Incluso materias que la obsesión por los exámenes había mandado al arcón de los recuerdos, como arte o educación física, recuperan un lugar que nunca debieron perder. La pregunta, claro, es cuánto de todo esto sobrevivirá a la cultura china del rendimiento extremo.
Otras regulaciones dirigen todos sus misiles al campo de batalla del aula. O, más precisamente, a lo que pasa puertas adentro. La lista prohíbe lo que, en rigor, nunca debería haber sido permitido: violencia entre alumnos, castigos físicos, humillaciones públicas o abusos verbales. También apunta contra la discriminación, aunque no todas sus formas sean iguales de visibles.
A eso se suma una contundente advertencia ética: los maestros no podrán monetizar su posición, ya sea a través de transmisiones en vivo, plataformas de pago o cualquier atajo que convierta la docencia en una bicicleta de comisiones o cuentito de emprendedores. Enseñar, parece decir la norma, no debería ser un negocio paralelo.
Otra de las cuestiones difíciles de resolver es la competencia que se plantea con los ingresos de los estudiantes. Las escuelas no podrán tomar exámenes de admisión ni seleccionar alumnos en función de certificados, premios o cursos externos. En otras palabras, se intenta desarmar, al menos formalmente, una maquinaria meritocrática que hace de cada inscripción una carrera anticipada de presiones y frustraciones.
Tampoco se podrá empujar a las familias a comprar libros, dispositivos o materiales a través de canales “sugeridos”, una práctica tan extendida como discretamente lucrativa. La educación obligatoria no debería venir con costos adicionales ocultos.
Como suele ocurrir con China, también existen regulaciones que resultan más difíciles de asimilar para un observador extranjero. No se trata de cuánto estudian los alumnos, sino de qué pueden pensar o, más precisamente, de qué no deberían. Queda prohibido cualquier contenido que cuestione al Partido Comunista de China (PCCh), al socialismo, a sus líderes o a la narrativa histórica oficial. No importa el formato: clases, exámenes, libros, foros o plataformas digitales. Todo entra en la misma lógica. Para Occidente, la palabra que aparece rápido es censura. En China, en cambio, se lo presenta como una forma de orden. Y, sobre todo, de una coherencia educativa explícita.
Aprobado, pero…
Si bien las 20 prohibiciones constituyen un reconocimiento implícito de problemas, China llega a este nuevo ciclo de reformas con un aprobado en materia educativa, según destacó el ministro del área, Huai Jinpeng, al presentar los resultados del XIV Plan Quinquenal (2021-2025).
«A nivel mundial, el sistema educativo de China es el más grande y de mayor calidad, lo que garantiza firmemente que las generaciones más jóvenes tengan acceso equitativo a la educación», declaró Huai, tras recordar que el país cuenta con 440.000 escuelas de todos los niveles, 280 millones de estudiantes y 18,7 millones de profesores.
La educación básica china – informó el ministerio – alcanzó el nivel promedio de los países de altos ingresos, y 2.895 localidades a nivel distrital lograron un desarrollo equilibrado en la enseñanza obligatoria. La tasa bruta de matriculación en educación preescolar trepó al 92%, superando la meta del 90% fijada para el período, mientras que la educación superior alcanzó el 60,8%, también por encima del objetivo del 60%.
En términos de inversión social, el Estado amplió los subsidios para estudiantes necesitados otorgando más de 1,2 billones de yuanes (unos 169.000 millones de dólares) a 630 millones de beneficiarios entre 2021 y 2024. Las universidades chinas, por su parte, formaron a más de 55 millones de personas en ese lapso y recibieron más del 75% de los premios nacionales en ciencias naturales e innovación tecnológica.
El ministro Huai destacó especialmente los avances originales alcanzados por las casas de altos estudios en campos como las ciencias de la vida, la tecnología cuántica, la inteligencia artificial, la ciencia de los materiales y la ciencia espacial. China también construyó la plataforma de educación inteligente más grande del mundo, que ofrece servicios de alta calidad a más de 170 millones de usuarios en más de 200 países y regiones.
En el plano internacional, el país estableció cooperación educativa con 183 naciones y regiones, firmó acuerdos mutuos sobre certificación de títulos con 61 países y colaboró con 42 naciones para operar instituciones y programas educativos conjuntos. La Unesco, además, instaló en Shanghái su Instituto Internacional para la Educación en CTIM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) en septiembre de 2025, un reconocimiento explícito al liderazgo chino en estas disciplinas.
Beijing, entonces, no parte de cero. Llega a 2026 con estadísticas impresionantes, con un sistema educativo que es la envidia de muchos y con un puñado de funcionarios acostumbrados a exhibir cifras récord. Pero el caso en Dali, el de la adolescente golpeada en una escuela que miró para otro lado, vino a recordar que los números fríos no salvan a nadie.
Por eso, las 20 prohibiciones no son un simple ajuste técnico. La lista negra es una declaración de guerra. Y en China, eso nunca es metáfora.