En su columna «Los otros campos» durante el programa La García por AM 530, la radio de las Madres, el ingeniero agrónomo Matías Jáuregui alertó sobre la dramática degradación que sufren los suelos en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país, donde la pérdida de materia orgánica ya alcanza un cuarenta por ciento. El especialista explicó que la Argentina padece un proceso de «minería de suelos» debido a que la reposición de nutrientes mediante la fertilización apenas cubre un cuarenta por ciento de lo que se extrae en cada cosecha. Esta desatención responde a un modelo de producción donde los verdaderos dueños de las tierras viven en los cascos urbanos y dejan el manejo del territorio en manos de rentistas y pools de siembra cuyo único interés es la rentabilidad inmediata, una inercia destructiva que solo encuentra un leve freno en el sur bonaerense gracias a que las bajas temperaturas invernales ralentizan la descomposición natural de la materia orgánica a diferencia de lo que ocurre en Santa Fe o Córdoba.
A partir de este diagnóstico, Jáuregui analizó el conflicto derivado de un proyecto de ley de cuidado de suelos impulsado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Buenos Aires, una iniciativa que desató la furiosa reacción corporativa del diputado oficialista y terrateniente Bertie Benegas Lynch, quien tildó a los profesionales de «parásitos» y «saqueadores» bajo la excusa de defender la propiedad privada. El columnista desarmó el origen del patrimonio del legislador libertario, vinculándolo a una genealogía de información privilegiada y cargos públicos que recorre a sus antepasados —como su bisabuelo Robustiano Patrón Costas en Salta o Tiburcio Benegas en Mendoza— quienes acumularon enormes extensiones de tierras sirviéndose de las estructuras estatales. Asimismo, lamentó la sumisión y el carácter aspiracional que predomina en la propia formación académica de los ingenieros agrónomos, a quienes caracterizó como un sector de centroderecha que suele gritar consignas antiperonistas para complacer al patrón, asumiendo posturas libertarias que contradicen sus propios orígenes de clase media o trabajadora.
El debate legislativo en torno a la sustentabilidad del recurso productivo expone tres posiciones nítidas dentro del escenario rural argentino. Por un lado, se ubica la corporación de ingenieros agrónomos que demanda que el Estado actúe como un ente policial exigiendo certificaciones de buenas prácticas a los propietarios; por el otro, se consolidan los grandes dueños de la tierra alineados con el discurso oficial que pretenden mantener los campos al margen de cualquier regulación ambiental o social. Frente a estas opciones, Jáuregui contrapuso la mirada del Campo Nacional y Popular, que propone una presencia estatal activa y estratégica a través de herramientas integrales como una ley de alquileres rurales. Explicó que la quita de retenciones a la soja —moneda con la que se pactan los arrendamientos— presiona a los productores hacia el monocultivo y la sojización extrema, por lo cual se vuelve indispensable regular los precios de los insumos concentrados de las multinacionales para evitar que el encarecimiento de los fertilizantes agudice el vaciamiento de la tierra.
Finalmente, el columnista instó a diseñar un modelo productivo y distributivo que replique experiencias regulatorias exitosas a nivel internacional, como los planes de uso de suelo obligatorios de Uruguay o las políticas agrícolas comunes de la Unión Europea. Jáuregui argumentó que el Estado debe coordinar la zonificación de la producción mediante incentivos específicos, promoviendo el cultivo de trigo y cebada en el sur bonaerense y orientando el maíz y la soja hacia los ambientes óptimos del norte provincial para optimizar el control de malezas y la rotación agronómica. Concluyó que el peronismo y las fuerzas populares deben adoptar una agenda ambiciosa que rompa definitivamente con la construcción discursiva que asimila los intereses de los pools de siembra y exportadores con el concepto de patria, recuperando el control geopolítico del territorio para avanzar hacia una distribución equitativa de la tierra y la riqueza agropecuaria.