El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia que levantó la medida cautelar sobre la Ley de Tierras generó un fuerte impacto político al desestimar la presentación del Centro de Ex Combatientes de Islas Malvinas (CECIM) de La Plata. Durante su análisis en el programa La García, Manuel Saralegui remarcó que, en un fallo de apenas ocho páginas dictado en tiempo récord, el máximo tribunal eludió analizar la inconstitucionalidad de fondo del DNU 70/23 y le negó legitimidad a los excombatientes para litigar en defensa del territorio nacional. La resolución deja sin efecto los límites a la venta de campos y áreas estratégicas a capitales extranjeros, desarticulando el marco normativo sancionado en 2011.
El debate radial puso de manifiesto el absurdo jurídico de que una institución del propio Estado argentino, el mismo que envió a los soldados a combatir en 1982 bajo la bandera de la soberanía, sostenga ahora que la defensa de la patria no constituye un derecho colectivo tutelable en tribunales. Según se subrayó en el intercambio con Cynthia García, la decisión judicial abre de par en par las puertas a la desnacionalización de los recursos naturales y la entrega de zonas limítrofes o acuíferos, operando de manera coordinada con el Poder Ejecutivo para garantizar la vigencia del programa económico impulsado desde el inicio de la gestión oficial.
Ante este panorama, el peronismo concluye que la Corte Suprema no actúa de forma aislada, sino como un engranaje central que moldea un esquema de subordinación y proscripción política. En la columna se repasó la saga de fallos de los últimos años —desde la toma del Consejo de la Magistratura y la anulación de la esencialidad de los servicios públicos, hasta la intervención en elecciones provinciales y la condena a Cristina Fernández de Kirchner— para señalar que el máximo tribunal busca consolidar un modelo donde las decisiones estratégicas del país quedan blindadas del control democrático y de la voluntad popular.
Frente a la consolidación de este modelo, las fuerzas políticas de la oposición sostienen que la estrategia no puede limitarse únicamente a disputar la Casa Rosada. Las conclusiones dentro del espacio coinciden en que resulta imprescindible dar una batalla simultánea en el Congreso para derogar el DNU 70/23 de manera integral, frenar el endeudamiento y reimpulsar el juicio político a los integrantes del tribunal. Para los referentes del espacio, frenar la fragmentación y evitar que la Argentina termine convertida en una colonia sin dominio sobre su propio suelo exige articular la movilización social con una ofensiva legislativa y judicial decidida.