En comunicación con el programa La García (AM530), el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, confirmó la presentación de una denuncia penal contra el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo por el desvío sistemático de recursos asignados al Fondo Hídrico. El funcionario explicó que el accionar judicial radicado en el Juzgado Federal N° 1 de San Martín busca frenar la parálisis de la obra pública y obligar al Poder Ejecutivo a restituir las partidas en un contexto de extrema alerta meteorológica. «Cada vez que cargamos nafta se cobra un impuesto con destino exclusivo para obras hidráulicas por ley; sin embargo, no hicieron las obras y se llevaron más de 400 mil millones de pesos que estaban en esa cuenta para financiar la timba financiera», denunció el ministro.
En ese plano, Katopodis manifestó una profunda preocupación ante las proyecciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño y el desborde de las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay. El ministro enfatizó la imperiosa necesidad de contar con la coordinación del Estado nacional para mitigar los riesgos hídricos en la región pampeana y el litoral. «Las obras de infraestructura y los planes de gestión de riesgos no tienen escala exclusivamente municipal o provincial; la ausencia del Estado nacional es gravísima mientras el resto de los países de la región convocan comités de expertos ante alertas extremas», remarcó.
Paralelamente, el titular de la cartera de Infraestructura bonaerense detalló las acciones preventivas que impulsa la gestión provincial, que incluyen la ampliación de más de 180 estaciones hidrometeorológicas públicas, el drenaje de arroyos y la continuidad de obras clave como las del Río Luján y San Antonio de Areco. Asimismo, anunció que la Provincia participará activamente en la audiencia pública del 26 de octubre para impugnar la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) y frenar los incrementos tarifarios previstos. «Una empresa ordenada y superavitaria como AySA la entregan y rematan sin exigir inversiones a la prestataria, condenando a miles de familias a quedarse sin obras de agua y cloacas», argumentó.
Finalmente, Katopodis vinculó la desarticulación del Fondo Hídrico con una matriz amplia de desfinanciamiento estatal que afecta a distintos sectores productivos y culturales. El ministro responsabilizó directamente a las autoridades nacionales por los eventuales daños que causen las precipitaciones e instó a la justicia a actuar de manera urgente. «Hacemos responsables al gobierno nacional de todos los daños que se puedan producir; hay cosas que ya sabemos que van a ocurrir en las próximas semanas y los recursos que aporta cada ciudadano tienen que aparecer para hacer las obras de infraestructura que salvan vidas», concluyó.