Horacio Verbitsky: La tercera es la vencida – El Cohete a la Luna

Por tercera vez en cinco meses, la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner sostuvo que no aceptará ninguna candidatura en las elecciones de este año. En una carta que se difundió cuando concluía el Congreso Nacional del Partido Justicialista, explicó que la democracia, ya perdida en lo económico y degradada en lo social, también «ha comenzado a romperse en lo político e institucional». Lo había dicho el 6 de diciembre pasado, cuando la condenaron en la causa por las obras viales en Santa Cruz, en las que no tuvo intervención alguna, y ratificado el 27 de diciembre en el estadio Maradona de Avellaneda. Pese a ello, aún quedan dirigentes que cantan «Cristina Presidenta» e instan a movilizarse para «romper la proscripción». El jueves en C5N, CFK dijo que ese canto era una letanía y afirmó que la mayoría del pueblo tiene comprensión de texto.

¿Y entonces, para qué el 25?

El jueves 25, la movilización cubrirá la Plaza de Mayo. Aun sin postularse, Cristina es la única capaz de organizar la selección de una candidatura del desgarrado oficialismo. Tanto ella cuanto el Ministro de Economía Sergio Tomás Massa disienten con la idea del Presidente Alberto Fernández, de una interna con media docena de candidatos. Por la dinámica de una primaria, se dedicarían a discutir las políticas del gobierno, con mejores argumentos que la rutinaria oposición. En un sentido abstracto, la elección interna es un método democrático inobjetable. Pero las primarias no ocurren en el vacío: son simultáneas y obligatorias, por lo que configuran una forma particular de elección general, donde cada candidato no compite solo con los de su propio partido o alianza, sino también con el resto.

Sumados los votos por Daniel Scioli, Wado de Pedro, Agustín Rossi, y otros menos relevantes, como Claudio Lozano y Juan Grabois, pasarían del 30% pero es improbable que más de uno individualmente supere el 10%. Con lo cual podría ocurrir que el candidato más votado en las PASO fuera Javier Milei (quien ya está trabajando en su proyecto de dolarización con los economistas del último menemismo, Carlos Rodríguez y Roque Fernández); que lo siguieran Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta y que recién en el cuarto lugar apareciera el peronista más votado. Contra este riesgo advirtió  la Vicepresidenta: en esta elección no importan los topes sino los pisos. Alberto no lo advierte, porque su obsesión es el dedo que hace cuatro años le señaló el sitial que hoy ocupa. Lo que no es seguro que haya entendido es que el candidato presidencial que apoye desde Olivos debería presentar también un o una postulante a la gobernación bonaerense que enfrente a Axel Kicillof, y a cada intendencia. Esa será la constatación final de que su poder es un puñado de cenizas.

El acto del jueves 25, en el vigésimo aniversario de la asunción presidencial de Néstor Kirchner, será una de las últimas oportunidades para que la conducción de Cristina permita aprovechar las disputas internas que amenazan con dejar a Juntos por el Cambio en la banquina electoral, y asegurar que el balotaje enfrente a dos opciones tan nítidas como los libertarios y alguna variante del peronismo. En la entrevista en la señal de noticias, Cristina dijo en forma categórica que, a pesar de las dificultades debidas a los errores presidenciales, «el gobierno del Frente de Todos fue infinitamente mejor que lo que hubiera sido el gobierno reelecto de Macri». O el eventual de Milei.

El Presidente quiso aparecer en la foto a la que no había sido invitado, y convocó a asistir para homenajear a Kirchner, que cambió la historia, y para escuchar a «su compañera de vida». Esta fue su penúltima ocurrencia para bajarle el precio a quien conduce el sector que él integra. El Presidente feminista puso a la mujer en su lugar.

En mejores tiempos, Máximo Kirchner ya le había pedido que dejara de presentarlo como «el hijo de mi amigo».

Con casi el 40% del padrón nacional, la provincia de Buenos Aires es decisiva para el resultado nacional. Ese es un argumento en favor del empeño de su gobernador, Axel Kicillof, de buscar la reelección. Pero también es cierto que la falta de un candidato presidencial fuerte obsta a un buen resultado bonaerense. El tramo de la gobernación ni siquiera está en una punta de la tira, lo cual implica dos cortes en vez de uno. Y Axel no sólo es el favorito provincial, sino también quien mejor retendría el voto de Cristina en la elección presidencial. La hipótesis de que Martín Insaurralde pudiera aspirar a la gobernación no pasa de una expresión de deseos. En 2013 Massa lo derrotó en forma contundente pese al apoyo del kirchnerismo en el gobierno y ningún indicio señala que su situación haya mejorado desde entonces. Una cosa es la rosca dirigencial, y otra el sex appeal eleccionario. El dilema se agrava por la imposibilidad de clonar a Axel, con las tecnologías disponibles en la actualidad. Si tapa un agujero, destapa el otro.

La cuestión de Fondo

Cristina atribuye la pérdida de la democracia económica al «brutal nuevo ciclo de endeudamiento externo» y al retorno del Fondo Monetario Internacional, que «toma el timón de la economía argentina, impone su programa económico, que dispara otra vez el proceso inflacionario sin control». No considera «casual que ninguno de los dos Presidentes que aceptaron el programa del FMI conserve aptitud electoral».

Esta parecía ser una referencia a los ex Presidentes Fernando De la Rúa y Maurizio Macrì, pero Alberto Fernández dio un paso al frente, y respondió con una cerrada defensa de la negociación llevada a cabo con el organismo. «No somos ni complacientes con el Fondo, ni salimos de la irracionalidad de no discutir la deuda y siempre tuvimos un horizonte claro: producción y trabajo», dijo. Más que la renegociación de la deuda, que era inevitable, el kirchnerismo reprocha a Fernández el presentarla como un acto positivo, sin las condicionalidades tradicionales del Fondo y con espacio para el crecimiento. La realidad no consiente esa ilusión. Es cierto que el texto del stand-by no explicitaba esas condiciones, que se irían desplegando en cada una de las revisiones trimestrales. Era ostensible que el cronograma de pagos era inviable, y que ante cada incumplimiento el FMI presentaría nuevas exigencias.

CFK también reprodujo en sus redes dos videos de la Auditoría General de la Nación, que depende del Congreso, sobre las graves irregularidades cometidas en la tramitación del préstamo del FMI.

Ese fue el origen. Hoy se pagan las consecuencias. La carta de Cristina sostuvo que «la escasez de dólares siempre termina con inflación descontrolada, corridas cambiarias contra la moneda nacional, devaluación y más inflación» y volvió a señalar «el carácter bimonetario de la economía argentina», que se suma a la ya histórica restricción externa y la formación compulsiva de activos en dólares en el exterior. «Así resulta imposible para cualquier gobierno administrar razonablemente la natural puja distributiva por el ingreso y convierte a la inflación en el más fenomenal instrumento de transferencia de recursos de toda la sociedad a los sectores más ricos y concentrados de la economía, que se apoderan de esa renta extraordinaria en un marco de laxitud tributaria».

El bimonetarismo explicado por expertos

En un trabajo reciente, los economistas Eduardo Basualdo y Pablo Manzanelli explican que la referencia vicepresidencial al bimonetarismo «alude al patrón de acumulación de capital sustentado en la valorización financiera», que ya tuvo dos etapas, durante la dictadura cívico militar y con el macrismo. El documento, del área de Economía y Tecnología de FLACSO, expone las similitudes entre ambos momentos (endeudamiento externo y fuga de capitales) pero también las diferencias, que se explican por qué fracción de capital hegemonizó cada periodo: los grupos económicos locales entre 1976 y 1983, y el capital financiero internacional, de 2015 a 2019. En cada uno, el rol del Estado fue distinto. Los autores entienden que el kirchnerismo, a pesar de los evidentes avances que implicaron sus políticas en términos de un crecimiento económico apoyado en la economía real y en una mayor participación de los sectores populares en el ingreso, no logró instaurar la hegemonía de un nuevo patrón de acumulación y «terminó siendo un largo interregno entre las dos modalidades de la valorización financiera que se desplegaron entre 1976 y 2019». El trabajo se titula «Sistema político, coyuntura económica y líneas de política económica en la Argentina actual» y acá podés verlo completo.

La carta de Cristina también lamenta la degradación de la democracia social y el paradigma peronista de la movilidad social ascendente, con trabajadores en relación de dependencia que son pobres. En una sociedad dual, una parte accede a todos los bienes y servicios y la otra, mayoritaria, ve notablemente reducidas sus posibilidades de progreso o, directamente, carece de ellas. Durante la gestión de Cambiemos la participación de los asalariados en el ingreso se redujo del 51,8% en 2016 al 46,2% en 2019, pero esta caída se profundizó en el gobierno del Frente de Todos (43,9% en los tres primeros trimestres de 2022).

El trabajo de FLACSO constata que, al mismo tiempo, los márgenes de ganancia empresariales aumentaron. Entre 2016 y 2022 el costo salarial cayó 18,6% mientras la productividad registró un descenso menor, de 5,5%. Esto se profundizó durante el actual gobierno: el costo salarial se redujo 4,5% y la productividad creció 0,8%. Entre 2018 y 2022 los trabajadores transfirieron al capital una suma astronómica: 46.800 millones de dólares si se considera el tipo de cambio paralelo y casi el doble, 87.800 millones, según el precio oficial del dólar.

Según Cristina, ni siquiera en la hiperinflación de 1989 y la caída de la convertibilidad en 2002 «se puso en duda el pacto democrático plebiscitado en octubre de 1983, por el cual ni la violencia política sobre el adversario ni la proscripción electoral serían elementos del accionar político. Hoy los fantasmas del pasado han vuelto a la realidad política argentina. Durante el año 2022 vimos como la violencia verbal y simbólica que, desde hace años venía siendo implantada en la sociedad por los medios de comunicación hegemónicos, se materializó en la calle a través del accionar de grupos violentos que agredían, insultaban y amenazaban de muerte con bolsones mortuorios, guillotinas, antorchas, piedras y escraches. El objetivo de estos grupos estaba absolutamente direccionado. No era contra todos los partidos políticos o todos los dirigentes, como en la crisis del 2001. Era contra el peronismo o el kirchnerismo, como más te guste». La culminación se produjo el 1° de septiembre de 2022, cuando atentaron contra su vida. A partir de entonces, «esos grupos que organizada y semanalmente fustigaban, escrachaban y amenazaban, desaparecieron como por arte de magia. Esto confirma sin lugar a dudas, el carácter premeditado y carente de cualquier viso de espontaneidad de la violencia política de estos grupos. Eran fogoneados y financiados por la oposición y los medios de comunicación hegemónicos le garantizaban amplia cobertura mediática».

Al comentar la aparición de Cristina en el show Duro de domar, el matutino Clarín llegó al extremo de ridiculizar la referencia al atentado que pudo costarle la vida. «Su problema es que lo dice en soledad: casi ningún político habla de eso, simplemente porque a la sociedad el tema dejó de importarle, o ya le importa muy poco».

Bendita Corte Suprema

En la misma línea, la Iglesia Católica emitió un pronunciamiento en defensa de la independencia del Poder Judicial y en contra de la corrupción, es decir dos de los tópicos principales del discurso antikirchnerista.  Este respaldo a la Corte Suprema de Justicia en guerra con el gobierno, fue escrito por la Comisión Justicia y Paz, a pedido del Episcopado. Entre quienes la integran están el directivo de la Universidad Austral, Alfonso Santiago. En 2016, Santiago firmó una declaración junto a, entre otros, Daniel Funes de Rioja y Daniel Sabsay, en respaldo de «los hombres que llevaron a cabo la represión contra el terrorismo», quienes fueron castigados con penas gravísimas por incurrir «en excesos y extralimitaciones», mientras que «a los responsables directos o indirectos del terrorismo se los ha colmado de honores; y en muchos casos se los ha premiado con cargos públicos e indemnizaciones».

También forman parte de esa comisión de laicos católicos el ex vicepresidente de la Unión Industrial, José Urtubey; el ex director del ministerio de Desarrollo Social durante la gestión de Carolina Stanley, Juan Luis Díaz; el sobrino del papa Francisco, Pablo Narvaja, quien saltó del consejo de educación de Juan Carlos Rousselot en Morón, a una subsecretaría de Educación durante la presidencia de Carlos Menem; Pablo Comeglio, ex consejero escolar del Movimiento Evita en Lomas de Zamora y el ex guardian férreo Humberto Podetti, entre otros.

Para la Vicepresidenta, «no se trata sólo de la proscripción de una persona, sino del peronismo», y lo demuestra la suspensión de las elecciones que la Corte ordenó en dos provincias donde el peronismo era amplio favorito. «El mismo día y a la misma hora en que dictaban este fallo, en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación se estaban denunciando tanto el escándalo de la obra social del Poder Judicial que involucra a uno de los miembros de esta Corte, como el del enriquecimiento ilícito de su Presidente”. Agrega que, así como lo hicieron con Tucumán y San Juan, «lo harán contra mi persona con el fin de evitar que el Peronismo pueda participar del proceso democrático, o bien debilitarlo, conduciéndonos a un callejón sin salida». Por eso, «no voy a ser mascota del poder por ninguna candidatura. He dado muestras, como nadie, de privilegiar el proyecto colectivo sobre la ubicación personal. No voy a entrar en el juego perverso que nos imponen con fachada democrática para que esos mismos jueces, encaramados hoy en la Corte, dicten un fallo inhabilitándome o directamente sacándome cualquier candidatura que pueda ostentar, para dejar al peronismo en absoluta fragilidad y debilidad frente a la contienda electoral». Salir de este laberinto y romper la trampa requiere «la construcción de un programa de gobierno que vuelva a enamorar a los argentinos y las argentinas, y convencerlos de que un país mejor no sólo es posible, sino que, además, es deseable. Un programa de gobierno que es necesario no sólo para el peronismo, sino para sistema democrático en su conjunto». Aquí podés leer el texto completo del documento.

¿Qué programa?

Tanto Cristina como Máximo Kirchner han señalado la importancia de definir un programa de gobierno antes que la selección de las candidaturas. Pero ninguno de ellos ha adelantado cuáles deberían ser los lineamientos de ese programa. Su elaboración fue encomendada por Cristina a Eduardo de Pedro. El ministro del Interior —Wado de Corrido, según su identificación virtual— solicitó aportes a distintos sectores, entre otros al Centro de Economía Política (CEPA). Una reunión prevista con CIFRA, el Centro de Investigación y Formación de la CTA que conduce el diputado Hugo Yasky, se postergó.

El trabajo citado de FLACSO, cuyos autores también forman parte de CIFRA, describe al FdT en términos gramscianos como una «alianza nacional», integrada por dos expresiones políticas «nacionales» (aunque no lo dice, se refiere a las que representan el Presidente Fernández y el ministro Massa) y una «fuerza nacional y popular», expresada por el kirchnerismo. La peculiaridad de esta experiencia es que la fuerza mayoritaria no es la que tiene en sus manos la lapicera. «Si bien ambas concepciones coinciden en la necesidad del crecimiento económico, las ‘nacionales’ la sustentan en los incentivos al capital mientras que las ‘nacionales y populares’ en el poder adquisitivo de los trabajadores para poder plasmar ese crecimiento».

Como lógica derivación, cuando sugieren los lineamientos para una política económica alternativa, retoman esa disociación entre la supuesta naturaleza “nacional y popular” de la actual administración y la política que llevó a cabo, y plantean lo que llaman «un shock distributivo», que explicitan en estas medidas:

• Incremento de emergencia mediante una suma fija para el conjunto de los asalariados del sector privado.
• Incremento salarial para los trabajadores del sector público.
• Aumento de los haberes jubilatorios, financiado por la recuperación de algunos puntos de los aportes patronales que se perdieron durante la década de 1990, en forma escalonada según el tamaño de la empresa.
• Modificación de las escalas del impuesto a las ganancias con una mayor imposición sobre las grandes empresas.
• Línea nacional de crédito subsidiada y masiva en función del nivel de ingresos, para la adquisición de viviendas.
• Acuerdo de precios relativos y luego un congelamiento de precios por seis meses en el que se despliegue todo el poder de policía con el que cuenta el Estado (incluida la aplicación de la Ley de Abastecimiento), para que esos aumentos de ingresos no sean absorbidos por el proceso inflacionario, que es el principal instrumento del capital para garantizar la redistribución del ingreso a su favor.
• Además de los principales precios de la economía (tarifas de servicios públicos, tipo de cambio múltiple, tasa de interés, retenciones) el acuerdo debería enfocarse en los sectores más concentrados del capital, que aumentaron sus precios muy por encima de la inflación minorista.
• Regulación de los grupos económicos y conglomerados extranjeros que constituyen la fracción dominante en el marco de la valorización financiera. Para favorecer el control de la fuga de capitales al exterior, la evasión de las obligaciones fiscales, las transferencias de paquetes accionarios, la formación de precios, debería establecerse en la Ley de Sociedades la figura jurídica de grupo económico, con diversos deberes de información y limitaciones al accionar de sociedades offshore o constituidas en guaridas fiscales.
• Modificar la Ley de Impuesto a las Ganancias, para limitar las estrategias de evasión y/o elusión por parte de los grupos económicos y la fuga de capitales al exterior (por ejemplo, incorporando las nociones de “comunidad de intereses” entre tales sociedades y el principio de “realidad económica” así como reforzar la regulación sobre los precios de transferencia).
• Redefinir el acuerdo con el FMI, que prevé desembolsos imposibles de divisas, sin lo cual el resto de las medidas tendría la estabilidad de un castillo de naipes. Debería reverse el plazo de devolución, los sobrecargos en la tasa de interés y las metas de acumulación de reservas. Esto podría parecer un objetivo de máxima, pero en rigor es de mínima, teniendo en cuenta la sostenibilidad de la economía argentina. El objetivo de máxima sería, en realidad, el incumplimiento y posterior cuestionamiento del monto de la deuda original que sobrepasó lo permitido por la cuota (alrededor de la mitad de la deuda original) y una ardua negociación de un nuevo programa para el monto restante.
• Reestructurar la deuda pública con acreedores privados.
• Política de divisas cero para las empresas endeudadas bajo la administración anterior y que fugaron capitales al exterior, investigación mediante que identifique a las grandes empresas que esquilmaron las reservas del Banco Central.
• Contenido local mínimo en las concesiones de Vaca Muerta, que intensifique la creación de proveedores locales en la producción industrial de bienes de capital e intermedios que se utilizan para la extracción de los hidrocarburos.
• Emisión de bonos en pesos con considerables rendimientos atados a la producción de Vaca Muerta. Esto permitiría financiar la promoción industrial y a su vez captar el ahorro doméstico en moneda local con la garantía de los propios recursos naturales.
• Este mismo planteo podría aplicarse en la producción de litio, no en términos de la producción primaria sino en la industrialización de bienes intermedios, como partes y/o baterías para la industria automotriz. En este caso resulta central potenciar el papel de Y-TEC (subsidiaria de YPF con participación del Conicet).
• Contralor estatal en las exportaciones agropecuarias y presencia efectiva en la actividad, que actúe como una firma testigo. YPF Agro constituye un punto de partida adecuado.
• Plan de forestación total o parcial de las banquinas de las rutas nacionales, provinciales, caminos internos, corredores ferroviarios y eventualmente de las costas ribereñas. Se trata de una actividad mano de obra intensiva, con alcance nacional, con bajos requerimientos de importaciones, y, en el marco de los incendios frecuentes, con una contribución al mejoramiento del medio ambiente. Este plan de forestación puede convertirse en un programa de emergencia para la generación de empleo, revirtiendo la expansión de planes sociales con bajo nivel de beneficio y escasa vinculación laboral.

Basualdo y Manzanelli concluyen que este enfoque general debería nutrirse de medidas específicas, en «una estrategia integral para salir de la encrucijada económica en el corto plazo pero actuando sobre factores estructurales que permitan eventualmente la sostenibilidad de un nueva experiencia ‘nacional y popular’ en el mediano y largo plazo».