En su columna de historia para Caballero de Día, Sergio Wischñevsky repasó el proceso de concentración y extranjerización de la tierra en la Argentina, sostuvo que el fenómeno se profundizó durante la década de los 90´ y advirtió sobre las consecuencias para la soberanía, la producción y el acceso a los recursos naturales.
Wischñevsky afirmó que la extranjerización de la tierra tiene antecedentes en la distribución de campos tras la Campaña del Desierto, aunque aseguró que el proceso se aceleró a partir de la década de los noventa del siglo pasado , cuando el aumento del valor internacional de los alimentos impulsó la compra masiva de tierras por parte de capitales extranjeros. Según indicó, durante el gobierno de Carlos Menem se vendieron cerca de ocho millones de hectáreas y, en la actualidad, la superficie en manos extranjeras asciende a unos 13 millones de hectáreas.
El historiador recordó que en 1944 se establecieron restricciones para la venta de tierras en zonas de frontera por razones de seguridad nacional, mientras que la Ley de Tierras sancionada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner fijó un límite del 15% a la propiedad extranjera y prohibió operaciones sobre áreas estratégicas. Sin embargo, sostuvo que esas restricciones fueron flexibilizadas mediante un decreto firmado por Mauricio Macri en 2016, lo que, a su juicio, facilitó nuevas adquisiciones y el uso de sociedades offshore para ocultar la identidad de los propietarios.
Wischñevsky precisó que, aunque la superficie extranjera representa alrededor del 5% del territorio nacional, se concentra en zonas de alto valor productivo, minero o hídrico, y afirmó que existen 36 departamentos donde la propiedad extranjera supera el 50% de la superficie. Además, señaló que los inversores estadounidenses concentran alrededor de 2,7 millones de hectáreas y que entre los principales propietarios figuran empresarios italianos y españoles.
Finalmente, el historiador vinculó la extranjerización con la creciente concentración de la tierra y advirtió que, entre 1988 y 2018, desaparecieron unas 156.000 explotaciones agropecuarias de pequeños productores. En ese sentido, sostuvo que ambos procesos afectan la soberanía sobre los recursos naturales y la producción de alimentos, al tiempo que condicionan las posibilidades de desarrollo económico del país.