El abogado Alejandro Rúa dialogó con Caballero de día acerca de la dinámica judicial que, según advierte, condiciona la vida política argentina y se proyecta hacia los próximos procesos electorales.
Rúa sostuvo que en la causa Cuadernos se puso en marcha un mecanismo de presiones, aprietes y manipulación del cronograma judicial que buscó incidir en la campaña electoral. Señaló que la Cámara de Casación actuó bajo esa presión, acelerando tiempos y sumando jornadas para sostener la expectativa de una condena que funcionara como insumo político. Recordó que este esquema se arrastra desde hace una década, con tribunales que elevan causas en momentos clave y un clima mediático que presenta esos movimientos como aportes indirectos a campañas opositoras al peronismo.
El abogado vinculó esta estrategia con el presente inmediato y advirtió que no solo se apunta a una condena contra Cristina Fernández de Kirchner, sino también contra exfuncionarios que enfrentan detenciones o prisiones preventivas sin fundamento sólido. Según su diagnóstico, la ofensiva se mantendrá en 2025 y 2026 porque “la sociedad todavía no logra ponerle un freno a esta maquinaria”. A su juicio, el objetivo final sería llegar a la campaña de 2027 con un cuadro de exfuncionarios presos que tensione la opinión pública y condicione el voto.
Rúa recordó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya alertó sobre esta modalidad en la región: en el siglo XX la voluntad popular se alteraba desde el poder militar; en el siglo XXI, dijo, la afectación proviene del poder judicial, convertido en un actor autónomo capaz de incidir en los procesos democráticos mediante inhabilitaciones, enjuiciamientos dirigidos y persecuciones políticas.
Consultado por las denuncias recientes de Cristina Fernández de Kirchner, que incluyen testimonios sobre extorsiones y torturas para forzar arrepentimientos en la causa Cuadernos, Rúa señaló que estas prácticas fueron públicas. Recordó detenciones preventivas utilizadas como amenaza, declaraciones televisivas del fiscal Carlos Stornelli exhibiendo “anillos de arrepentido” y pabellones del Servicio Penitenciario con micrófonos e intervenciones ilegales. Todo ello, afirmó, integró un “grupo de tareas judicial, político y penitenciario” que operó para obtener declaraciones funcionales al armado inicial de la causa.
Rúa insistió en que la salida a esta situación requiere exposición pública: “Cuanto más se conozcan estas prácticas, mayor será la posibilidad de que la sociedad diga basta”. Así como en el pasado se denunció la autonomía descontrolada del poder militar, hoy —sostuvo— es necesario desnudar el funcionamiento de un poder judicial que actúa sin contrapesos.
Al cierre de la entrevista, cuestionó la centralidad mediática que aún sostiene la causa Cuadernos, incluso en medio de anuncios de alto impacto como el acuerdo comercial con Estados Unidos o la eliminación del monotributo social. “Son realidades paralelas”, concluyó, marcando la diferencia entre la agenda judicial instalada en prime time y la situación económica que afecta a millones de personas.