En Un Buen Comienzo, María del Carmen Verdú, militante de CORREPI, analizó el accionar de la Policía de la Ciudad a partir del asesinato de Juan Gabriel González, de 45 años, ocurrido en Villa Lugano durante un operativo policial el pasado 25 de diciembre. El hombre, pintor y padre de dos hijos, murió tras recibir disparos de munición múltiple de escopeta en el tórax y el abdomen, según el resultado preliminar de la autopsia que investiga la Justicia, y cuya causa se tramita como homicidio en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 20.
Más adelante, Verdú desarmó los relatos oficiales al apoyarse en las pruebas audiovisuales y periciales. “Los videos no permiten discusión: González estaba descalzo, sin remera, no tenía nada en las manos y estaba en la puerta de su casa”, remarcó. A eso se sumó el informe preliminar de la autopsia, que confirmó el uso de cartuchos de postas múltiples disparados a corta distancia. En el mismo tono, denunció que al menos dos efectivos participaron del ataque y cuestionó que uno de ellos haya sido apenas pasado a disponibilidad: “Debería estar preso como cualquier persona que mata en esas circunstancias. Pero cuando el acusado es un uniformado, las reglas cambian”.
Con el mismo ímpetu, la referente de CORREPI explicó por qué es falaz minimizar el hecho bajo la etiqueta de “bala de goma”. Detalló que las escopetas utilizadas por las fuerzas de seguridad disparan cartuchos que, a corta distancia y dirigidos al torso o abdomen, resultan letales, independientemente del tipo de posta. “Por algo los protocolos prohíben disparar armas largas directo al cuerpo”, subrayó, y recordó que incluso los proyectiles de estruendo pueden matar o provocar daños irreversibles, como ocurrió en otros casos recientes que permanecen silenciados.
Finalmente, Verdú aportó datos duros del archivo histórico de CORREPI que dimensionan la gravedad del escenario actual. Desde su creación en 2017, la Policía de la Ciudad registra 205 muertes, de las cuales 168 fueron fusilamientos de gatillo fácil, una proporción superior incluso a la de la Bonaerense si se mide por cantidad de efectivos. “Esto no es descontrol ni error: es un modelo de disciplinamiento social promovido desde el poder político”, concluyó, y advirtió que el alineamiento de los gobiernos con las fuerzas de seguridad explica por qué, por más que a Milei y su junta les moleste, la represión se profundizó como política de Estado.