En su columna en Caballero de Día, la abogada laboralista Natalia Salvo analizó las condiciones de detención domiciliaria de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y cuestionó el accionar del Poder Judicial.
La abogada laboralista Natalia Salvo sostuvo que las condiciones impuestas a la prisión domiciliaria de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner resultan más restrictivas que las aplicadas en numerosos casos de delitos graves, y vinculó esa situación con una estrategia de disciplinamiento político. Durante su columna en Caballero de Día, citó un informe presentado por consejeros del bloque peronista en el Consejo de la Magistratura que compara el régimen de detención de la exmandataria con el de personas condenadas por narcotráfico, delitos de lesa humanidad y asociación ilícita.
Según explicó, los datos expuestos durante una jornada realizada en la Facultad de Derecho de la UBA muestran que una proporción mínima de personas detenidas por narcotráfico bajo modalidad domiciliaria tiene restricciones de visitas similares a las que enfrenta Fernández de Kirchner. Salvo señaló que la ex presidenta sólo puede recibir un número limitado de visitas semanales y permanece bajo monitoreo electrónico, condiciones que, afirmó, no son habituales en otros expedientes de alta gravedad penal.
La abogada sostuvo además que la situación judicial de Fernández de Kirchner debe analizarse en el marco de una disputa política más amplia y consideró que existe una intención de impedir su capacidad de liderazgo dentro del peronismo. En ese sentido, recordó declaraciones de dirigentes opositores y cuestionó el funcionamiento del sistema judicial, al que acusó de actuar con criterios selectivos frente a distintos actores políticos y económicos.
Por último, Salvo también cuestionó las medidas patrimoniales adoptadas sobre bienes vinculados a la familia de la ex mandataria y trazó paralelismos históricos entre la actual situación y otros períodos de proscripción política en la Argentina. A su juicio, la discusión excede la figura de Cristina y plantea interrogantes sobre las condiciones en las que futuros dirigentes podrían impulsar transformaciones económicas y sociales sin enfrentar consecuencias judiciales similares.