Por María Quintero
El miércoles 13 de noviembre, los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal darán a conocer la condena a Cristina Fernández de Kirchner en medio de un show mediático montado para tapar las irregularidades y el mamarracho jurídico de una causa y proceso judicial montado sobre el lawfare, la guerra jurídica.
La condena será de 6 años, publican desde el domingo 10 tanto La Nación como Clarín, dando cuenta de la connivencia mediática entre dos de las aristas de la guerra jurídica, la corporación económica comunicacional y los jueces.
¿Por qué esta causa es un mamaracho jurídico? ¿Cuál es el relato de la fiscalía?
Primera mentira: “Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner asignaron fondos a la provincia de Santa Cruz para obras viales de manera ilegal y arbitraria”
La respuesta a esta mentira es que Las decisiones en materia de inversión pública son de resorte exclusivo de los órganos
políticos y no existe ninguna norma jurídica que fije límites sobre cómo se debe llevar a cabo su distribución. Así lo reconoce la doctrina de los autores, entre ellos, la del actual Presidente de la CSJN, Horacio Rosatti y la jurisprudencia emanada de nuestro más alto Tribunal (fallo “Bustos”).
La inversión en obra pública vial de Santa Cruz se justificaba ampliamente por el déficit que presentaba su red vial en el año 2003, así como también por la necesidad de garantizar los objetivos de integrar los distintos ejidos poblacionales y reasegurar la soberanía, entre otras.
Ninguna de las 51 obras investigadas en la causa resultó improductiva o innecesaria, dato que ni siquiera pudo ser desmentido por los diputados de la oposición.
Sobre esa mentira de que “Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner armaron una estrategia para beneficiar a Santa Cruz de manera ilegal y que se tomaron atribuciones que no les correspondían” se montan otras que podríamos agrupar en acusaciones como:
-¿Cómo se confecciona el presupuesto que asigna esas partidas hacia Santa Cruz?
-Que ese presupuesto no tuvo aprobación, participación del Congreso, que hubo intencionalidad por parte del Poder Ejecutivo de ocultarle información al Parlamento, y que si el Congreso participó, los legisladores opositores votaron obligados esas partidas presupuestarias, que además Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner crearon un fideicomiso y utilizaron los fondos presupuestarios para para beneficiar exclusivamente a las empresas de Lázaro Báez y que además dieron la orden al ministerio de Planificación y a la DVN de aumentar ilegalmente las partidas presupuestarias correspondientes a las obras adjudicadas a Báez y que las obras además no se realizaron.
Una de las aristas del lawfare es la utilización de noticias publicadas en medios, que muchas veces son noticias falsas, en los expedientes judiciales. La noticia que se menciona a continuación es un ejemplo claro de este mecanismo:
El 30 de noviembre de 2015 Cristina viajó a la provincia de Santa Cruz para reunirse con Báez y diseñar el plan limpiar todo, que consistía en el abandono de las obras realizadas en Santa Cruz y el despido de todos los empleados de las empresas de Báez.
– La noticia periodística aportada por la no correspondía al 30 de noviembre de 2015 sino al 29 de noviembre de ese año.
-Aquel lunes 30, en el mismo momento en que según la fiscalía Fernández de Kirchner tenía un encuentro con Báez, pero la entonces presidenta participaba de un acto público en Río Negro que fue transmitido en vivo y en directo para todo el país
Algunos datos que se acreditaron por la defensa en el juicio y que desarman el relato del lawfare:
- El proceso de elaboración de los proyectos de ley de presupuestos cumplió con todos los controles legales y financieros y con la intervención de todas las oficinas competentes.
- Respecto a la acusación de redireccionar recursos mediante estos presupuestos a favor de Báez es importante mencionar que según en la CN (art, 100) y de las leyes dictadas en su consecuencia (ley 26.124), la ejecución del presupuesto es competencia exclusiva de la jefatura de gabinete. Todos los ex jefes de gabinete declararon que jamás recibieron instrucciones de Kirchner y Fernández de Kirchner para redireccionar partidas a Santa Cruz.
- La presidencia de la Nación jamás orden a la oficina Nacional de presupuesto cómo debía realizar su tarea.
- La Ley de presupuesto, que es la ley de leyes, es una de las normas más debatidas en el Parlamento, todos los DNU que ampliaron partidas presupuestarias fueron validadas por el Congreso.
- Los legisladores opositores como Margarita Stolbizer y Fernando Sánchez entre otros, declararon que no recibieron ningún tipo de presión para votarlo afirmativamente. Las leyes de presupuesto además fueron votadas afirmativamente por opositores como Graciela Camaño, Federico Pinedo, Cristina Ritondo, Gerardo Morales, Pablo Tonelli, entre otros.
Incluso la oposición presentó en 2010 y 2011 presupuesto alternativos que también incluían las mismas obras en Santa Cruz
- El Fideicomiso del que se habla ya existía cuando Kirchner asumió en el año 2003, fue creado por la presidencia del radical Fernando De la Rúa con el propósito de financiar obras viales. La utilización de esos fondos del fideicomiso también fue informada en cada uno de los proyectos de la ley de presupuestos y validado por el Congreso.
-Quedó probado en el juicio que durante los gobiernos de Kirchner y Fernández de Kirchner se implementaron políticas de estado en las que se promovieron iniciativas para fortalecer la transparencia en la información correspondiente a las cuentas públicas: E-SIDIF, el programa BAPIN II.
- Las obras que se realzaban por convenio en provincia de Santa Cruz además estaban previstas en las leyes de presupuesto votada por la legislatura provincial. Como pasa con todas las provincias, además.
- El aumento de las partidas presupuestarias es otra mentira de la fiscalía. Quedó demostrado que en 2015 el poder ejecutivo redujo considerablemente las partidas presupuestarias designadas a Santa Cruz para obras viales, a finales de noviembre de 2015 no se realizó ningún pago a empresas de Báez, la prueba incorporada en la causa brindada por Dirección de Vialidad Nacional durante la gestión del macrista Javier Iguacel prueba que las empresas de Báez contaban con gran cantidad de certificados de obras impagos.
- Respecto a la acusación de una supuesta relación espuria entre el ejecutivo y Báez, quedó demostrado en el juicio que: Cristina jamás dio órdenes para que se adjudicación de manera ilegítima obras viales en Santa Cruz al empresario Báez, básicamente porque la Presidencia no tiene competencia en los procesos de licitación, ejecución o pagos, ni en los proyectos investigados ni en ningún otro durante 2003 y 2015. (Acá un detalle, quedó demostrado a través de los mensajes extraídos del teléfono de José López, que López tenía mucha más relación personal y comercial con Nicolás Caputo, que con Fernández de Kirchner)
- Todos los testigos declararon que jamás recibieron orden de Kirchner y Fernández de Kirchner para beneficiar a Báez u otro contratista.
- Tampoco hubo pedido de estudio pericial por parte de la fiscalía para comprobar la acusación de que se pagaron sobreprecios millonarios a las empresas de Báez. El único estudio pericial que se realizó fue pedido por la defensa y se hizo solo a 5 obras viales, elegidas según el criterio fijado por los acusadores.
- La demora en las obras se dio durante el gobierno de Mauricio Macri quien deliberadamente decidió abandonarlas.
Algunos Detalles:
La fiscalía nunca convocó como testigos ni a los ministros de economía del periodo 2003-2015, ni al personal técnico del sistema nacional de inversión pública, tampoco a algún exlegislador que pudiera corroborar que había sufrido presiones, los que declararon fueron convocados por la defensa. La fiscalía ocultó deliberadamente todos los actos del poder ejecutivo a través de los cuales se disminuyeron las partidas asignadas a las obras viales de Santa Cruz.
El relato del lawfare contra Cristina es un cuento que empieza con una primera mentira desde donde se construyen todo el resto de las acusaciones. Acusaciones que la fiscalía sistemáticamente no puede demostrar a lo largo del juicio y que, sin embargo, la defensa mediante pruebas contundentes logra desmentir.
¿Qué dice la fiscalía?
Kirchner y Fernández de Kirchner asignaron partidas ilegales y arbitrarias para obras a Santa Cruz y beneficiaron millonariamente a Báez, se hizo a espaldas del Congreso, se aumentó deliberadamente las partidas presupuestarias: esto es falso.
Todos los testigos como legisladores opositores, ex jefes de gabinete, funcionarios del área de planificación, de la oficina de presupuesto, funcionarios y auditores de la dirección de vialidad nacional, declararon que jamás recibieron directivas o presiones por parte del ejecutivo. Las obras estaban justificadas, el fideicomiso se creó durante el gobierno de De la Rúa.
Quedó demostrado que se redujeron las partidas presupuestarias en vez de aumentarlas, las obras se realizaron y solo se pararon durante el macrismo, los peritos comprobaron que no hubo sobreprecios millonarios y José López, “el señor de los bolsos”, resultó tener más relación personal y comercial con Nicolas Caputo, el amigo del amigo del alma de Macri, que con Néstor o Cristina.