En su columna para La García, la periodista y editora de política Celeste Del Bianco analizó el recrudecimiento del conflicto universitario al cumplirse dos años de la histórica primera marcha federal del 23 de abril de 2024. Del Bianco subrayó que, aunque el tiempo ha pasado, los reclamos fundamentales siguen siendo los mismos: falta de actualización salarial docente, congelamiento de las becas y desfinanciamiento de los gastos de funcionamiento. Sin embargo, advirtió que el escenario actual es más grave, ya que el Ejecutivo Nacional está incumpliendo sistemáticamente la Ley de Financiamiento Universitario a pesar de existir fallos judiciales que lo obligan a ejecutarla.
La analista destacó la contundencia del plan de lucha organizado por el Frente Universitario, que agrupa a rectores (SIN), gremios docentes y no docentes, y a la Federación Universitaria Argentina (FUA). Tras las movilizaciones en La Plata y Rosario, se anunció un paro total para la última semana de abril y una cuarta Marcha Federal Universitaria para el 12 de mayo, la cual se prevé multitudinaria. Para Del Bianco, se ha roto el «dique de contención» y el consenso que sostenía a Milei en este tema, ya que la educación pública representa un valor transversal e identitario que moviliza incluso a sectores no comprometidos políticamente.
Del Bianco alertó sobre las consecuencias materiales y humanas del ajuste, mencionando la situación crítica de hospitales escuela como el Clínicas y el Roffo, que ya registran una pérdida en la calidad de atención. Asimismo, denunció una nueva «fuga de cerebros» en Argentina, con docentes, médicos y personal especializado abandonando el sistema público debido a salarios que han perdido un 32% de su poder adquisitivo. Como ejemplo ilustrativo, mencionó que en la Facultad de Agronomía los propios trabajadores llevan un contador de los docentes que renuncian para migrar al sector privado o al exterior.
Finalmente, la columna incluyó el testimonio de Anselmo Torres, rector de la Universidad de Río Negro, quien advirtió que el conflicto trasciende lo presupuestario para convertirse en una crisis institucional. Torres señaló que la actitud del Gobierno pone en jaque el sistema republicano, ya que el Ejecutivo no puede elegir qué leyes cumplir «como si fuera un menú a la carta». Al ignorar tanto la voluntad del Congreso como las órdenes del Poder Judicial, la gestión de Milei está quebrando la división de poderes básica de la democracia, lo que obliga a la comunidad universitaria a regresar a las calles para defender la legalidad vigente.