El expresidente de YPF, Pablo González, criticó duramente el fallo de la jueza neoyorquina Loretta Preska en la causa por la expropiación de YPF y advirtió sobre las implicancias que puede tener para la soberanía energética argentina.
“El fallo por YPF de la jueza Preska no tiene ninguna lógica”. Así lo afirmó el expresidente de la petrolera estatal, Pablo González, en una entrevista con Bonavitta530, donde analizó el litigio internacional iniciado por el fondo Burford Capital contra la Argentina y alertó sobre la amenaza que representa para los recursos estratégicos del país.
González explicó que el respaldo reciente de Donald Trump a la posición argentina no es una novedad, ya que el Departamento de Estado estadounidense ya había adoptado en 2023 una postura similar, argumentando que avanzar sobre las acciones de YPF vulnera principios de soberanía. “No es una cuestión de Milei con Trump, es una reiteración institucional de una posición clara de Estados Unidos”, aseguró.
El exfuncionario remarcó que el fallo de Preska ignora la ley argentina 26.741, que exige una mayoría especial del Congreso para disponer de las acciones de YPF, y cuestionó que la jueza aplique criterios del derecho comercial de Nueva York en lugar de respetar la legislación local. “Debió resolver conforme al derecho argentino. Se están violando principios de soberanía y de derecho internacional público”, indicó.
Preska utilizó como argumento la inclusión de YPF en el primer borrador de la Ley Bases de Milei, que preveía su privatización, para justificar que las acciones podrían ser transmisibles. “Es una barbaridad jurídica”, calificó González, quien advirtió que el fondo Burford busca quedarse con Vaca Muerta, pese a no haber invertido nunca en el país.
“Piden 16.000 millones de dólares por un supuesto daño por no haber hecho una oferta pública. Petersen era dueño del 25%, y ni siquiera eso vale hoy. Es desproporcionado y absurdo”, afirmó. Además, recordó que una parte significativa de las acciones está en manos de las provincias argentinas, lo que añade una capa de complejidad institucional y federal al caso.
González también cuestionó el accionar del gobierno libertario en torno a la defensa judicial del caso, particularmente por la salida del procurador y la falta de claridad tras una posible fuga de información en la Procuración del Tesoro.
Al referirse a la gestión actual de YPF, el exsenador fue crítico: “Está alineada con la Ley Bases, que derogó la declaración de soberanía energética, eliminó el barril criollo y ató el precio interno al precio internacional del crudo”. Señaló además los despidos masivos en Santa Cruz tras el retiro de YPF de áreas maduras y calificó de “escandalosa” la adjudicación de áreas a nuevas empresas sin trayectoria, como la de Javier Iguacel.
Finalmente, defendió la decisión de expropiar YPF en 2012. “Lo volvería a hacer. Fue lo que permitió el desarrollo de Vaca Muerta y el superávit energético. Para nosotros, YPF es soberanía. Es el corazón energético de la Argentina”.