El exsenador nacional Oscar Parrilli advirtió que el decreto del presidente Javier Milei que modifica la ley de inteligencia habilita el espionaje interno sobre dirigentes políticos, sociales, sindicales, empresarios y periodistas, y lo comparó con prácticas propias de la última dictadura militar.
Oscar Parrilli cuestionó con dureza el DNU del Gobierno que reforma el sistema de inteligencia y sostuvo que la norma tiene como objetivo central “legalizar el espionaje político interno” y concentrar bajo la órbita de la SIDE a todos los organismos de inteligencia del Estado.
En diálogo con Caballero de Día, Parrilli señaló que el articulado del decreto subordina la inteligencia militar, la inteligencia criminal y la inteligencia estatal a una conducción única, orientada —según afirmó— a la vigilancia política. “Se confunden deliberadamente funciones que deberían estar claramente separadas y se pone todo el sistema al servicio del espionaje interno”, explicó.
El exfuncionario alertó sobre la amplitud y vaguedad de los conceptos incorporados en la norma, en particular aquellos vinculados a supuestas “injerencias externas” que afecten el sistema republicano o los intereses estratégicos nacionales. “Con esa redacción, cualquiera puede quedar bajo la lupa: dirigentes políticos, sociales, empresarios, periodistas o incluso gobiernos provinciales y municipales”, remarcó.
Parrilli también cuestionó la creación de una agencia federal de ciberinteligencia, al advertir que se reemplaza el concepto de ciberseguridad por el de ciberinteligencia, habilitando el monitoreo de redes sociales y comunicaciones digitales. “No es solo espionaje tradicional: ahora es espionaje político digital”, afirmó.
Uno de los puntos más graves, según el exsenador, es la posibilidad de detención de personas por parte de la SIDE. “El decreto habilita la aprehensión de personas dando aviso a fuerzas de seguridad, pero no a un juez. Esto es de una gravedad institucional extrema y remite directamente a prácticas de la dictadura”, advirtió, al recordar el rol histórico de la SIDE en la persecución política durante los años setenta.
En ese marco, Parrilli vinculó el DNU con la situación judicial de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sostuvo que el mensaje del Gobierno es disciplinador. “La señal es clara: así como pudieron encarcelar a Cristina, hoy cualquiera que no se adapte al discurso oficial puede ser perseguido”, señaló.
Consultado sobre las vías institucionales para frenar el decreto, afirmó que existen fundamentos sólidos para plantear su inconstitucionalidad y consideró difícil que la Justicia convalide la norma. No obstante, advirtió que el DNU forma parte de un modelo más amplio. “Este ajuste brutal necesita un esquema de control, amedrentamiento y silenciamiento social”, sostuvo.
Finalmente, Parrilli concluyó que el esquema de espionaje interno está directamente ligado al programa económico del Gobierno. “Para aplicar este modelo de ajuste perverso, que prioriza el pago de la deuda y las exigencias del FMI mientras suben tarifas, alimentos y medicamentos, necesitan callar al pueblo. Este decreto es una herramienta para eso”, concluyó.