El prosecretario de Relaciones Institucionales, Política Ferroviaria y Ferroportuaria de la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos (APDFA), Ricardo Alonso, denunció que la intervención del puerto de Ushuaia y el arribo de una aeronave militar estadounidense responden a una estrategia geopolítica alineada con Washington y advirtió que el caso fueguino puede sentar un precedente para otros puertos del país.
Ricardo Alonso sostuvo que la llegada de un avión militar de Estados Unidos a Tierra del Fuego confirma que la intervención del puerto de Ushuaia “tenía objetivos que nada tienen que ver con supuestas falencias operativas” y se inscribe en una decisión política del gobierno de Javier Milei de avanzar en la cesión de soberanía. En diálogo con Bonavitta 530, el dirigente calificó la medida como “un mamarracho” y cuestionó la falta de fundamentos técnicos que la justifiquen.
Según explicó, la intervención se ampara formalmente en la legislación de los años noventa, pero se apoya en irregularidades “inventadas, no comprobadas ni certificadas”. “Un organismo de cuarta categoría termina interviniendo un puerto estratégico en plena temporada de cruceros, cuando más de 500 embarcaciones operan en el sur del mar Argentino con epicentro en Ushuaia”, señaló.
Alonso afirmó que, con el correr de los días, se fueron confirmando las sospechas iniciales de la APDFA: posibles negocios privados, apropiación de recursos y, principalmente, intereses geopolíticos de Estados Unidos en el Atlántico Sur. “La llegada del avión del Comando Sur demuestra que la intervención no buscaba mejorar el puerto, sino avanzar en un esquema de subordinación y entrega de soberanía”, remarcó.
En ese marco, subrayó que el conflicto no se limita a Tierra del Fuego. “Esto no es una pelea por Ushuaia o por una provincia: es un problema nacional. El mismo argumento puede usarse mañana para cualquier puerto del país, incluidos los de la hidrovía”, advirtió, y alertó sobre la presencia creciente de intereses estadounidenses en áreas logísticas clave.
El dirigente destacó la reacción del arco político y sindical fueguino, con el respaldo mayoritario de los legisladores provinciales —con excepción de La Libertad Avanza—, el acompañamiento de la CGT, gremios docentes y organizaciones locales, así como el apoyo del Consejo Portuario Argentino. “Primero fue la defensa de los 140 trabajadores desplazados; ahora es frenar un avance sobre la soberanía nacional”, indicó.
Al explicar la relevancia estratégica del puerto de Ushuaia, Alonso lo definió como “el centro neurálgico del Atlántico Sur”, clave para el acceso al Pacífico, la proyección antártica y el control de recursos como hidrocarburos y pesca. “No les interesan los cruceros ni la economía regional: lo que buscan es instalar una base militar”, denunció, y cuestionó la predisposición del gobierno nacional a facilitar ese escenario para “quedar bien con Washington”.
Finalmente, vinculó la intervención portuaria con la agenda de reformas impulsadas por el Ejecutivo. A su entender, la medida también opera como un mecanismo de presión política para que los legisladores acompañen la reforma laboral. “No es una reforma, es más de lo mismo que se intentó durante décadas: un retroceso de derechos”, afirmó, y adelantó que los gremios se movilizarán para rechazarla. “Si hubo un pueblo que votó a Milei, hubo otro que no, y los representantes de ese pueblo tienen que votar en consecuencia”, concluyó.