En diálogo con La García por la AM 530, el secretario general de SECASFPI, Carlos Ortega, lanzó duras críticas contra la gestión nacional tras la reglamentación del Decreto 407. El dirigente gremial denunció la perversidad de la normativa, señalando que impone reglas abusivas que alteran los convenios colectivos, modifican las licencias médicas y precarizan los recibos de sueldo. Además, advirtió sobre el peligro institucional que representa la flexibilización de las personerías gremiales, un mecanismo que, según detalló, busca debilitar el poder de las organizaciones sindicales tomando como antecedente el reciente disciplinamiento legal ejecutado contra la Unión Obrera Metalúrgica.
Ante este panorama, Ortega remarcó que la salida a la crisis actual excede lo corporativo y requiere una respuesta política contundente articulada bajo la consigna «Cristina Libre». Para el sindicalista, la figura de la exmandataria funciona como el único canal de contención real frente a los atropellos oficiales contra los sectores más vulnerables. En una analogía histórica, comparó su rol de equilibrio político con el freno internacional que significaba el Papa en la escena global, insistiendo en que la pelea de fondo debe darse de manera coordinada en las calles y consolidarse en las urnas durante la próxima elección nacional.
Durante la entrevista, conducida por Cynthia García junto al analista económico Rulo Dellatorre se desarmó el concepto oficial de «modernización laboral», demostrando que la pretendida previsibilidad para los empresarios se traduce directamente en imprevisibilidad y rebajas salariales para los trabajadores. Ortega cuestionó abiertamente la pasividad de la conducción de la CGT, señalando que la central obrera no ha acompañado activamente los reclamos sectoriales. Recordó la falta de apoyo federal durante las protestas en las oficinas de Córdoba 720, vinculando esta inacción con un ninguneo político hacia los sectores que históricamente han defendido el patrimonio del Estado.
Finalmente, el referente de la ANSES alertó sobre una estrategia de vaciamiento sistemático dirigida contra el organismo y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Explicó que el objetivo de la derecha es desfinanciar el sistema público para luego justificar su obsolescencia y reinstaurar el negocio privado de las AFJP. Ortega concluyó afirmando que la defensa de la caja previsional es una lucha colectiva por el futuro de todos los jubilados argentinos, ratificando que el proceso de resistencia debe ser conducido de forma indiscutible por Cristina Fernández de Kirchner debido a su claridad estratégica para mirar lo que otros dirigentes ignoran.