En Un Buen Comienzo, Guillermo Ruiz, docente e investigador del CONICET, analizó el impacto del artículo 30 del presupuesto y advirtió que su aprobación consolidó un proceso de desfinanciamiento educativo que el gobierno de Javier Milei venía impulsando desde el inicio de su gestión. Ruiz, que había alertado sobre ese punto incluso antes de que se detectara en el debate público, fue contundente al afirmar que “con este Presupuesto 2026 se legaliza el ajuste a la educación”, y señaló con dureza la responsabilidad de la Cámara de Diputados, que tuvo la posibilidad de eliminarlo y no lo hizo.
En el mismo tono, el especialista explicó que el artículo 30 derogó disposiciones clave de cuatro leyes, tres de ellas educativas. Entre las más graves, mencionó la eliminación del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional y, sobre todo, el vaciamiento del artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que obligaba al Estado a garantizar un financiamiento mínimo del 6% del PBI. “Los diputados aprobaron algo que ya estaba en el proyecto original. No lo leyeron o decidieron mirar para otro lado”, afirmó, y definió la situación como “frustrante”, especialmente por el rol previsible que luego tuvo el Senado.
Más adelante, Ruiz describió las consecuencias concretas de este esquema: profundización del ajuste, caída de salarios docentes, eliminación de paritarias, recorte de transferencias a las provincias y avance de fondos públicos hacia el sector privado mediante el sistema de vouchers educativos. Según detalló, las universidades nacionales y la educación pública obligatoria fueron los sectores más castigados desde enero de 2024, en coherencia con “un proyecto de país que apunta a un Estado desmantelado en todas las áreas”.
Finalmente, el investigador remarcó que la educación es un derecho humano fundamental reconocido por la Constitución y que el rol del Estado en su financiamiento es indelegable. “La educación permite ejercer otros derechos: votar, trabajar, participar políticamente”, sostuvo, y cuestionó el argumento oficial de la falta de fondos. En ese marco, advirtió que el gobierno promulga leyes que luego decide no cumplir, lo que definió como una práctica abiertamente inconstitucional. Un escenario que, por más que a Milei y a su proyecto de ajuste les moleste, anticipó nuevos conflictos y una pelea que seguirá abierta en los próximos presupuestos.