El abogado querellante en la causa por miembros de H.I.J.OS, Pablo Llonto, se refirió a la decisión de la Justicia.
«El hecho delictivo que se investigaba era el no cumplir con las reglamentaciones que hay en las cárceles, sobre todo en las federales, en las que se pide primero los documentos para poder entrar, no pasar con teléfonos celulares, ser revisados para no ingresar cosas, y ver quiénes fueron los presos que dispusieron que esas personas los visiten. Todo esto no se cumplió en este caso», afirmó Pablo Llonto respecto del cierre de la investigación sobre la visita de los diputados y diputadas de La Libertad Avanza a los genocidas.
En diálogo con Pablo Caruso y equipo en Que Vuelvan Las Ideas (AM 530 – Somos Radio, lunes a viernes de 16 a 18) el abogado querellante en la causa por miembros de H.I.J.OS, se refirió a la decisión del juez federal Luis Armella de archivar la investigación sobre el rol que jugó el Servicio Penitenciario Federal (SPF) en el encuentro entre los legisladores libertarios y los represores detenidos en Ezeiza.
«Lo que resolvió el juez es archivar la causa por pedido del fiscal, que dictaminó que no había delito alguno para él, después de casi un año de investigación, testimonios y documentos. Nosotros teníamos claro que ir a visitar a un preso, por más que sea un preso por delitos de lesa humanidad, no configura un delito. En el escrito en el que denunciamos el delito es que los agentes del Servicio Penitenciario Federal no habían cumplido con su obligación de controlar y hacer cumplir los reglamentos para el ingreso de visitantes», agregó Llonto.
Asimismo, el entrevistado aclaró las razones en las que se basaría la Justicia para su postura de la inexistencia del delito: «El fiscal sostiene que los integrantes del Poder Judicial, cuando van a las cárceles, no cumplen con esos requisitos. Entonces, para él, no hay por qué entender que el Servicio Penitenciario tenía que pedirles eso a los diputados», explicó.
