El exjuez federal en lo penal económico Guillermo Tiscornia fue el invitado de Cynthia García en La García por AM 530, donde brindó un duro análisis sobre la situación judicial del jefe de Gabinete. Al referirse a las cambiantes explicaciones del funcionario sobre su declaración jurada, Tiscornia no dejó lugar a dudas: «Adorni es sinónimo de inconsistencias y de un interminable mar de contradicciones». En ese sentido, el magistrado, conocido por su actuación en la causa de la aduana paralela en los años 90, advirtió que el funcionario transita un camino legal sumamente complicado por razones más que obvias.
Más adelante, el especialista repasó la defensa del funcionario, quien pasó de asegurar que sus declaraciones patrimoniales «no admitían fisuras» a justificar su fortuna en supuestas inversiones en criptomonedas y dinero en negro. Según Tiscornia, esta maniobra es casi imposible de acreditar en su trazabilidad, lo que le ahorra trabajo al fiscal y allana el camino para aplicar el artículo 268 del Código Penal. El exjuez sostuvo que la estrategia del jefe de Gabinete es muy endeble y no logrará ocultar el crecimiento exponencial de sus activos patrimoniales.
Al abordar los tiempos y formas de la justicia argentina, el columnista invitado marcó una profunda diferencia en la celeridad de los trámites judiciales según de quién se trate. Mientras que para los litigantes de a pie y los jubilados los recursos en la Corte «tramitan a la velocidad de una carreta medieval», para otros dirigentes políticos las causas «van a la velocidad de un Fórmula 1». Esta discrecionalidad, señaló, refleja una corporación judicial que consagra su propia jurisprudencia para protegerse y dilatar los tiempos de la ciudadanía común.
Finalmente, Tiscornia sentó postura sobre el inevitable desenlace penal del jefe de Gabinete y las graves consecuencias de esta justicia selectiva. Sobre el caso Adorni, sentenció que no hay margen para un sobreseimiento y que el camino natural es la indagatoria y el procesamiento. En un cierre crítico, el exjuez alertó que esta hipocresía institucional tiene un costo altísimo para los más vulnerables, advirtiendo que la demora en las causas de los jubilados «está generando un verdadero genocidio institucional sobre la tercera edad».